El proceso de implementación de la tecnología 5G en Paraguay vuelve a generar cuestionamientos en el sector de telecomunicaciones, en el marco de una licitación que, según especialistas, podría imponer condiciones que afecten la competencia y el ritmo de desarrollo tecnológico del país. El análisis se apoya principalmente en las declaraciones del ingeniero en telecomunicaciones Miguel Patiño, quien advirtió sobre aspectos del pliego que, a su criterio, no responderían exclusivamente a discernimientos técnicos.
Uno de los puntos más discutidos es la inclusión de restricciones vinculadas al origen de los equipos tecnológicos, lo que excluiría a ciertos fabricantes. Según Patiño, este tipo de condicionamientos no necesariamente se sustenta en fundamentos técnicos de seguridad, sino en criterios que podrían no acompañar la evolución del sector.
El ingeniero explicó además que las redes móviles modernas están compuestas por múltiples sistemas interconectados bajo estándares internacionales. “Una red móvil no depende de un único equipo. Existen múltiples elementos interconectados que cumplen funciones específicas y cuentan con mecanismos de supervisión y seguridad”, señaló en una entrevista radial.
En esa línea, sostuvo que asociar el origen de un proveedor con un riesgo automático de vulneración de datos no tiene un sustento técnico sólido, ya que la seguridad se aplica de forma distribuida en toda la red.
Por otra parte, el debate también incluye el impacto económico. Patiño destacó que, según datos estadísticos, el sector de telecomunicaciones representa cerca del 3% del PIB y requiere fuertes inversiones en infraestructura. Sin embargo, las restricciones en la elección de proveedores podrían incrementar los costos de despliegue, con efectos en toda la cadena de valor y eventualmente en el usuario final.
Finalmente, especialistas del sector señalan que el debate debería centrarse en estándares de seguridad y mecanismos de auditoría, más que en el origen de los equipos. Con una nueva licitación en marcha, el desafío vuelve a girar en torno a cómo equilibrar regulación, inversión y desarrollo tecnológico en el país.
