29 may. 2026

En sesión del Senado se pone en duda validez de juramento de Carlos Liseras

En el arranque de la sesión del Senado, los opositores exigieron a Carlos Liseras que renuncie a la función pública para ejercer su cargo legislativo, pero el cartista respondió con otras acusaciones y se aferró a su “permiso especial” otorgado por Santiago Peña.

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Momento del juramento de Liseras durante la sesión extraordinaria.

GENTILEZA

Ante la falta de cuórum, el Senado fue a una sesión extraordinaria y como es habitual, el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, puso primeramente a consideración el acta anterior, donde figura el juramento del ex director de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) Carlos Liseras como titular en la Cámara Alta.

En ese momento, el opositor Rafael Filizzola (PDP) pidió que se haga constar la situación irregular de Liseras porque no renunció a la función pública, sino que obtuvo un “permiso especial” del Ejecutivo como representante de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ante Conajzar.

Explicó que de acuerdo con el artículo 196 de la Constitución Nacional que otorga pedidos especiales, el juramento de Liseras como senador titular es irregular y advirtió que no puede cumplir funciones legislativas hasta que presente su renuncia a la función pública. Así también considera que toda la sesión anterior carece de validez porque el cuórum contempla la asistencia de Liseras.

Lea más: Liseras jura en lugar de Rivas y se alinea a fila cartista

En la misma línea, Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) denunció que los legisladores fueron inducidos a cometer un error al permitir el juramento de Liseras, el pasado 22 de abril, ya que el permiso que le otorgó Santiago Peña se conoció después de la sesión.

“No solamente el permiso especial es inconstitucional, sino que también a la hora del juramento él continuaba siendo empleado de otro poder del Estado”, manifestó.

Declaró el juramento de inconstitucional porque afrenta el artículo 199 de las incompatibilidades, que establece que los parlamentarios solo pueden ejercer al mismo tiempo la función de la docencia, en el servicio exterior o investigación científica.

La opositora pidió a la Secretaría del Senado que informe a qué hora recibió la notificación del Poder Ejecutivo acerca del permiso otorgado al senador suplente para asumir como titular y además pidió declarar nulo su juramento.

Lejos de mostrarse abierto a regularizar su situación, Liseras defendió su permiso alegando que es legal y constitucional porque no cobra doble salario. Al mismo tiempo, lanzó acusaciones contra Filizzola y Paredes.

Primeramente se refirió a las opiniones del constitucionalista Hugo Estigarribia quien había opinado sobre la incompatibilidad de funciones y recordó que dictaminó en contra de la Ley 4716, que contempla como hecho punible la explotación clandestina de juegos de azar.

“Ese nio es un ciudadano incapaz de alcanzar una banca, un resentido de esta sociedad, a Estigarribia se lo conoce como constitucionalista mbokaja lo mitã, ñanandyhágui ojercertifica chupe la iconstitucionalismo ha la itítulo”, expresó ofuscado.

Sobre el legislador del PDP dijo que avaló la vigencia de la Ley 7445 de la Función Pública, que en su artículo 29 contempla los permisos especiales sin goce de sueldo y al respecto, insistió en que está habilitado porque no cobra doble sueldo.

A Yolanda Paredes le recordó la vieja acusación del cartismo sobre la venta de una vivienda que pertenecía a Itaipú. “Usted rasga sus vestiduras cuando yo juré como senador y no rasga sus vestiduras cuando vendió una propiedad del Estado paraguayo y no declaró; eso es un hecho punible, usted tiene que rendir cuentas por eso”, manifestó.

Por otra parte, Liseras admitió que como suplente número 7 nunca creyó que juraría como titular. En el momento del debate, ningún otro cartista lo defendió.

Inicialmente la banca le correspondía al médico Julio Borba, quien terminó renunciando, argumentando que se siente satisfecho con las funciones que ejerce en el sector privado, pero también se desempeña en el sector público y según su declaración jurada percibe más de G. 100 millones mensuales en remuneraciones.

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