18 mar. 2026

Ministro de Defensa señala que Brasil puede tener sus propias conclusiones sobre SOFA

Ante el temor del Gobierno de Brasil por la incursión de militares de Estados Unidos en la frontera mediante el acuerdo suscrito por Paraguay –SOFA–, el ministro de Defensa precisó que existe un “reaseguro”, ya que todas las operaciones deben contar con la aprobación del Congreso.

camaradediputados.jfif

La Cámara de Diputados sancionó el acuerdo SOFA.

Foto: Daniel Duarte

La posible presencia de militares estadounidenses en territorio paraguayo, autorizada mediante un acuerdo SOFA (Estatuto de las Fuerzas), aprobado por el Congreso paraguayo, comenzó a generar preocupación en el Gobierno brasileño en medio del actual contexto geopolítico internacional.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el lunes que su país necesita prepararse militarmente ante lo que considera un eventual riesgo de invasión extranjera.

En este escenario, la cooperación entre Asunción y Washington, D.C. adquirió mayor relevancia ante la intensificación de movimientos militares en la región y los conflictos internacionales en curso.

Además, el Gobierno de Estados Unidos anunciaría en los próximos días la designación de los grupos criminales brasileños Comando Vermelho (CV) y Primer Comando Capital (PCC) como organizaciones terroristas extranjeras, según medios de Brasil.

El ministro de Defensa, Óscar González, sostuvo que la realidad paraguaya es totalmente distinta de la de Brasil y Estados Unidos, y que el reaseguro del acuerdo SOFA consiste en que toda acción que se realice en su marco debe contar necesariamente con la aprobación del Congreso.

Citó como ejemplo la eventual entrada de un contingente de militares norteamericanos para realizar adiestramientos, lo cual –según subrayó– también “deben tener la aprobación del Congreso”.

“No es que el SOFA les autorice directamente a entrar nomás. Nuestra institución como Estado paraguayo está muy firme, además, nosotros sabemos muy bien dónde estamos parados y absolutamente ninguna aventura puede ser realizada en el marco del acuerdo SOFA; de ninguna manera”, expresó.

Añadió que el Estado brasileño es soberano y puede tener sus propias conclusiones.

“Nosotros también somos un Estado soberano que podemos realizar todos los acuerdos que a la política exterior paraguaya le parezca conveniente y liderar sus intereses, pero estamos abiertos a realizar las aclaraciones sin ningún problema”, añadió.

Dijo que desde el Gobierno tienen absoluta certeza de que como Estado están trabajando “bien y estamos extendiendo, tratando de fortalecernos para enfrentar a los enemigos actuales, que son el terrorismo, el crimen organizado. Si nosotros no nos preparamos, llegaremos a los extremos de otros países y eso sí que sería lamentable”.

El ministro señaló que el acuerdo SOFA no guarda relación con las declaraciones firmadas en la Conferencia de las Américas contra los cárteles, suscriptas primero por los ministros de Defensa y, posteriormente, por los propios presidentes de la República.

Explicó que el acuerdo permitirá fortalecer los programas de cooperación con Estados Unidos en el ámbito de la defensa y ayudará a que las Fuerzas Armadas del Paraguay se posicionen a la altura de los lineamientos establecidos en dicha conferencia regional.

En ese sentido, indicó que se prevé un incremento de las cooperaciones que Paraguay ya viene recibiendo desde hace tiempo por parte de Estados Unidos, entre ellas entrenamiento conjunto, intercambio técnico, fortalecimiento de capacidades institucionales e incluso asistencia humanitaria.

Respecto a la Conferencia de las Américas contra los cárteles, explicó que la declaración final establece la ampliación de la cooperación multilateral y bilateral para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental.

En ese contexto, sostuvo que las Fuerzas Armadas del Paraguay y el Ministerio de Defensa Nacional de Paraguay consideran que este tipo de acuerdos fortalece la capacidad de trabajo coordinado con la Policía. Aclaró que las investigaciones y operaciones están encabezadas por el Ministerio Público de Paraguay, institución que dirige los procedimientos dentro del marco del Estado de derecho.

Indicó que cualquier intervención de las fuerzas militares se realiza bajo autorización y control de la Fiscalía, la cual, a su vez, requiere autorización judicial cuando corresponde. “La Fiscalía nos autoriza, nos acompaña y nos controla”, afirmó.

Rechazó que se trate de una militarización. Explicó que la militarización implicaría que un comandante militar se instale en un territorio y ejecute operaciones de manera autónoma. “En este caso, estamos sujetos al control del Ministerio Público y también a la autorización del poder jurisdiccional”, puntualizó.

El ministro también recordó que desde 2014 se introdujeron modificaciones en la doctrina de las Fuerzas Armadas para adaptarlas a nuevos escenarios. Señaló que actualmente la lucha se enmarca dentro de lo que se denomina “guerra irregular”, mientras que anteriormente la doctrina estaba enfocada en la guerra convencional.

“La guerra convencional es contra otros Estados. Nosotros no tenemos una hipótesis de conflicto con los países vecinos; al contrario, estamos unidos frente a enemigos comunes como el terrorismo, el crimen organizado y el narcoterrorismo”, concluyó.

Más contenido de esta sección
En medio de las críticas por la adjudicación de una vivienda del MUVH a Chaqueñito, el cartismo acusó a Yolanda Paredes de haber vendido una casa que era de Itaipú y no haberlo constado en su declaración jurada. La senadora se defendió y dijo que no es un secreto, que la venta no fue irregular y que los colorados sacan el tema solo para cubrir el escándalo.
La Cámara de Senadores rechazó el pedido de pérdida de investidura del senador Javier Chaqueñito Vera tras ser beneficiado para acceder a un departamento por medio de un programa del MUVH. El cartismo hizo valer su mayoría y consideró que sacar al legislador era “una condena política sin pruebas”.
El ministro de Urbanismo y Vivienda, Juan Carlos Baruja, defendió la adjudicación de una vivienda económica al senador Javier Chaqueñito Vera y casi se descompensó en la reunión con los diputados. Argumentó que “heredó” el proyecto de la administración anterior y que aplicó cambios para poder “vender” los departamentos. Al mismo tiempo, anunció que la institución verificará si legislador vive en el lugar, ya que, de lo contrario, sería causal de rescisión del contrato.
Interpelación. Hoy opositores y disidentes presentan el pedido de interpelación al ministro.
Delito. Los diputados afirman que adjudicación fue ilegal y que Baruja miente. Cartistas defienden.
Los diputados que buscaban la interpelación solo lograron 15 de 41 votos necesarios. Guillermo Rodríguez, diputado por Yo Creo, acusó al titular del IPS de ser el “recaudador de la corona”.
Pedro Alliana mantuvo una reunión con Leandro Zdero, gobernador del Chaco argentino, para avanzar en el nuevo puente que conectará a ambos países. La inversión estimada será de USD 200 millones.