El senador Dionisio Amarilla afirmó que la comisión trabajó con objetividad y transparencia, y cuestionó que organismos –como la DNIT– hayan invocado el principio de confidencialidad tributaria para no informar sobre personas vinculadas al lavado de capitales provenientes del narcotrafico.
“No existieron sesgos políticos”, “ganas de perjudicar a nadie”, señaló en su presentación Amarilla.
La presentación de Amarilla se inició con expresiones contra Óscar Orué, de la Dirección de Nacional del Sistema de Tributación (DNIT) sobre la falta de documentación entregada en el caso del narcotraficante Luis da Rocha (Cabeza Branca). Según Amarilla, la comisión solicitó a la DNIT –por nota y por pedido de Información Pública– que se le entreguen datos sobre si Gilberto Suárez y Rosa Amarilla Gómez estaban registrados como contribuyentes; la respuesta fue siempre la ley del secreto de las actuaciones.
Con relación a esto, explicaron que Suárez obtuvo un crédito bancario de USD 6,5 millones en nombre de Biobras, cuando declaraba ingresos mensuales de apenas G. 4 millones, lo que refleja cómo el sistema financiero fue utilizado para blanquear capitales. También lamentó que, tras diez años, el Ministerio Público no haya sancionado a nadie en estas causas.
Respecto a las oenegés que manejaron fondos de la Usaid para proyectos sociales con colaboración del Estado, los fondos de cooperación, denunció que de los USD 57 millones ejecutados por 21 oenegés, más del 70% fueron destinados a sueldos, viáticos, combustibles y premios, con poca o nula evidencia de impacto en instituciones como el Poder Judicial o la Contraloría. Nombró entre los beneficiarios a CIRD, Fecoprod y a la abogada Ester Roa, quien formó parte del programa Más ciudadanía, menos corrupción.
Amarilla cuestionó la negativa reiterada de la DNIT a entregar información incluso apelando a la Ley de Acceso a la Información Pública, y sostuvo que no hubo persecución política, sino una investigación respaldada por técnicos competentes.
Importación de armas sin trazabilidad
Durante su presentación, el senador Dionisio Amarilla advirtió sobre las fallas en el control de importaciones de armas en Paraguay. Señaló que entre 2022 y 2024 se importaron armas y municiones por G. 100.000 millones, equivalentes a unas 40.000 armas, pero subrayó un dato que calificó de “llamativo": “El sistema financiero paraguayo se niega sistemáticamente a transferir los fondos utilizando el sistema SWIFT, que permite la trazabilidad del dinero”, indicó.
A raíz de esa negativa, según explicó, los importadores deben trasladarse con dinero en efectivo: “El importador carga en un maletín su plata, va al mercado turco y hace compras en efectivo bajo el pretexto de que para el sistema financiero es una operación de alto riesgo”.
El informe continúa en la Cámara de Senadores, con la presentación del senador Colym Soroka, que aborda el caso Lalo Gomes. Depués se presentará Gustavo Leite.
