En medio de incidentes, concejales de Hernandarias rechazan pedido de intervención municipal

El pedido contra Rojas contaba con dos dictámenes, uno por el rechazo y otro por la aprobación, ambas de la Comisión Hacienda y Legislación. La votación terminó con seis votos a favor del pedido de intervención, cinco en contra y una abstención, la del liberal Jorge Arzamendia, que de esta forma salvó la gestión de Rojas, informó el periodista de Última Hora Wilson Ferreira.

Por el rechazo votaron los concejales Carlos Bergottini, Aniceto López, Hugo Duarte, Cristina Rojas y Guido Venialgo. Mientras que por la aprobación votaron los ediles Jhon Florentín, Alcira Cáceres, Demetrio Soler, Alberto Báez, Carlos Rojas y Wilson Ayala.

Durante el tratamiento del pedido la concejala Alcira Cáceres se desvaneció, pero posteriormente se recuperó. A este inconveniente se le sumó una protesta por parte de un grupo de manifestantes que llegaron frente a la Comuna para escrachar a los concejales que evitaron la intervención.

El mismo grupo igualmente se trasladó hasta la residencia de los concejales para escracharlos. En tanto que una fuerte dotación policial se constituyó en la ciudad para dar seguridad a los pobladores.

Argumentos contra Rojas

De acuerdo con la nota de pedido de intervención, son unos 14 puntos los que se presentaron como causales. Entre ellos se menciona la modificación del presupuesto 2020 sin autorización del Legislativo, hecho que fue denunciado por la Fiscalía.

También el arrendamiento irregular de solares municipales y supuesta existencia de planilleros. Igualmente, denuncian que menos del 60% de lo recaudado en impuesto inmobiliario se invierte en gatos de inversión, lo que va de contramano a lo establecido por Ley Orgánica Municipal.

A esto se suma un supuesto depósito del 15% de la recaudación de impuesto inmobiliario a la cuenta de las gobernaciones fuera del plazo legal, una demora en la transferencia del aporte a Caja de Jubilaciones del Personal Municipal e incumplimiento de la Ley 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público.

También refieren déficit de G. 288 millones en la transferencia al Concejo Local de Salud, retraso en la instalación de semáforos, concesión sin autorización de la Junta Municipal a la Clínica Buen Jesús para el servicio de evaluación sicofísica para la emisión de registro de conducir y la supuesta concesión irregular a la empresa Faoh Group SA para explotar el servicio de recolección de basura, entre otros puntos.