23 jun. 2024

En medio de una desconfianza, se dilata proyecto de agua para el Chaco

El proyecto de ley Aguas para el Chaco tenía el apoyo de referentes de la oposición y del oficialismo, pero días después de su presentación, surgen dudas por posibles cambios y la desconfianza hacia el proyectista, el senador Orlando Penner, quien renunció esta semana al Partido Patria Querida (PPQ).

En el Alto Chaco, subsisten tomando agua de tajamar desde hace décadas2.jpg

Las comunidades indígenas del Chaco recurren a tajamares para beber agua.

Foto: Archivo.

La propuesta se había presentado hace una semana como una oportunidad para proveer de agua potable a las poblaciones del Chaco, que históricamente sufren la carencia de este derecho. Si bien había un acuerdo para estudiar el documento este martes, su estudio se posterga porque se prevén modificaciones, según el senador Orlando Penner.

“Ayer, Orlando Penner, el proyectista, que al menos yo creía que era el autor del proyecto que revisamos, no tenía conocimiento de los cambios; sin embargo, se están haciendo cambios hoy, no sé, en el Ministerio de Obras Públicas será”, cuestionó la legisladora liberal Celeste Amarilla en comunicación con NPY.

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Para la senadora, su colega demostró no tener postura ni empatía hacia la oposición. También surgen dudas sobre su línea política tras renunciar al Partido Patria Querida (PPQ), con el que obtuvo un escaño.

“Estoy analizando que no se necesita mi firma realmente, yo no quiero poner mi firma en un proyecto del que luego se van a embanderar otros sectores y van a presentar como la superobra de Gobierno para el Chaco, como si fueran los salvadores del problema”, manifestó Amarilla, refiriéndose a que la falta de agua en la Región Occidental se arrastra en el tiempo y que muchas administraciones fracasaron en sus proyectos.

“Estoy segura de que no necesitan mi firma” insistió sobre su preocupación para alejarse de esta propuesta, cuyas modificaciones desconoce.

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El proyecto consiste en la construcción de un canal de agua a cielo abierto, que representa una inversión estatal de unos USD 250 millones. Asimismo, otorga una concesión de 30 años a las tres cooperativas menonitas de la zona.

Estas cooperativas se encargarían de entregar el agua cruda al Estado para que la trate y distribuya a las comunidades indígenas.

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