Continuó esta mañana el juicio oral a la ex magistrada Civil Tania Carolina Rosa Irún Ayala ante el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Francisco Ortiz, quienes escucharon los testimonios.
En el caso se juzga a la ex juzgadora por haber dictado una resolución en el 2018, donde concedió a supuestas empresas de maletín unas 310.000 hectáreas protegidas por la ley de seguridad fronteriza, en perjuicio de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon).
Según la acusación, el 23 de noviembre del 2018, la entonces jueza, en la causa Cusabo Limited y otros contra la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo (Secta Moon) sobre cumplimiento de contrato, dictó la sentencia definitiva N° 494 que admitió la demanda por unas 310.000 hectáreas, en 26 fincas.
En el juicio oral, declaró el perito Alfredo Zárate que confirmó que las 310.000 hectáreas de tierras están ubicadas en el Chaco, en la zona de seguridad fronteriza, que son protegidas por la legislación.
Además, aclaró que lo que prohíbe la legislación es que se venda a extranjeros de los países limítrofes, en este caso, de Argentina, Brasil y Bolivia. La defensa aclaró que los demandantes no eran de esa nacionalidad.
También depuso la licenciada Rosaliz Chamorro, titular de la Dirección General de Tecnología de la Información de las Comunicaciones (TIC), quien habló de la auditoría informática a la que se sometió el expediente electrónico sobre el caso.
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Refirió que la sentencia definitiva dictada el 23 de noviembre del 2018 fue levantada al sistema del electrónico Judisoth de la Corte Suprema desde el usuario de la ujier notificador del Juzgado, Liz Cáceres, no del usuario de la magistrada.
Después, prestó declaración la ujier del Juzgado en ese entones, Liz Cáceres, quien señaló que prestaba servicios en el Juzgado, además de hacer las notificaciones, también atendía a las personas que llegaban al Juzgado para ver sus expedientes, entre otros.
Además, dice que en el año 2018, todo era en formato papel que venían firmadas, y se cargaba en el sistema Judisoth, que se alzaba en un control interno, pero que todo era físico. Reconoció que fue ella la que levantó al sistema informático, pero que fue redactada por la entonces magistrada Tania Irún.
Remarcó que ella no redactó la sentencia. Aseguró que no se trabajó desde su usuario lz_caceres, y que las resoluciones las daba la jueza, y que luego pedía que se levantaran al sistema, y podía figurar que alzó su compañero.
El juicio luego entró a un cuarto intermedio para realizar audiencias de medidas cautelares, pero luego continuará hasta pasado el mediodía.
El querellante, abogado Francisco José De Vargas, en declaraciones a la prensa, habló de las declaraciones que se dieron.
Sostuvo que la sentencia que se dictó afectó no solo la seguridad jurídica, sino también la soberanía nacional.
Aseguró que se probó que el fallo fue levantado desde el usuario de la ujier, y que llamaba la atención que la ex magistrada que estaba con permiso de maternidad, haya pedido la suspensión de su permiso exclusivamente para venir a firmar el fallo en esta causa.
