“La sentencia arroja perfectamente la sinopsis en fechas y la reunión de la decisión de la muerte de Cecilia. Eso fue antes del 24 de diciembre (2004) en se produce el fallecimiento. El trabajo de investigación estaba muy bien hecho”, explicó.
Justamente este Tribunal –integrado también por los jueces Víctor Medina y María Luz Martínez– fue el primero en aplicar en Paraguay las medidas de seguridad, por la peligrosidad que existía de que el grupo criminal vuelva a cometer hechos similares.
“Fue un trabajo importante y creo que el Poder Judicial dejó en alto su nombre y efectivamente se hizo justicia”, mencionó la magistrada.
Se comprobó que el grupo conocido ahora como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenía distribución de roles. Estaba el grupo decisor, que daba las órdenes; luego, el operativo, que se basaron en un manual de procedimientos que ellos pergeñaron; y luego el grupo de toma y vigilancia de Cecilia antes y luego su cautiverio.
Se determinó a través del cruce de información de las antenas que nunca movieron a la joven de la casa.
“No es que estas personas tenían los números a su nombre, sino que se probó el uso de cada número y cómo lo adquirieron. Con relación a Francisca Andino, ella, fechas antes, había llamado al 911 a comunicar un fallecimiento y ahí se probó el uso”, explicó.
La jueza recordó el crimen de Cecilia como atroz. “Haberme percatado en el juicio a través de los medios de prueba que realmente existen estos grupos criminales fue impactante”, dijo. Se vio la conexión con las FARC, porque acá eligieron a la hija de un ex presidente y en Colombia hicieron lo mismo.
“Pasó una década y más vemos que sigue y que realmente no se ha triunfado a nivel de Estado para el exterminio de estas fuerzas. Eso nos queda pendiente, pero mucho se ha hecho”, finalizó.
