La Asociación de Municipalidades del Alto Paraná (Amualpa), que aglutina a intendentes de los 22 distritos, analizara a fondo esta nueva legislación en una reunión convocada para fin de mes. Gustavo Cano, vicepresidente de Amualpa y actual intendente del distrito de Raul Peña, explicó que el principal objetivo será definir una postura conjunta frente a la implementación de la ley.
El espíritu de la legislación es poner fin a la fuga de contribuyentes hacia municipios que ofrecen tarifas más bajas. Este fenómeno es especialmente visible en esta parte del país, donde muchos conductores eligen registrar sus vehículos en distritos con impuestos más accesibles, incluyendo municipios de otros departamentos.
Expuso que esta dinámica afecta directamente la recaudación de municipios como Raúl Peña, donde actualmente se cobra G. 440.000 por la habilitación de un camión y su carreta. Sin embargo, algunos contribuyentes prefieren trasladarse a municipios como Naranjal, conocidos por mantener tarifas ajustadas estrictamente al 1% del valor fiscal del vehículo, en línea con la legislación previa.
A pesar de que la ley ya está en vigor, los municipios enfrentan la tarea de modificar sus ordenanzas tributarias para adaptarse a las nuevas disposiciones. Este proceso incluye no solo cambios en los textos legales, sino también ajustes en los sistemas municipales de cobro. “Muchos ciudadanos están adelantando sus pagos antes de que la ley entre en vigencia plenamente en sus municipios”, comentó Cano. Esto pone en evidencia la necesidad de una transición clara y organizada para evitar confusiones y posibles irregularidades.
Otro punto crítico es la labor de la Agencia Nacional de Tránsito, que anunció un control para verificar si los municipios están cumpliendo con las tarifas unificadas. Si bien Cano duda sobre la capacidad de la agencia para supervisar eficazmente este proceso, pero reconoció que en controles aleatorios podría surgir problemas, por lo que la Amualpa tomará una postura única.
INCONSTITUCIONAL. La reunión de fin de mes será decisiva para determinar cómo se implementará la ley en el Alto Paraná y si se planteará o no la inconstitucionalidad para evitar que la ley se aplicada en Alto Paraná.
Para el abogado Fabio Arambulo, asesor jurídico de la Amualpa, la ley en cuestión es inconstitucional y representa una violación directa a la autonomía municipal. Vulnera principios fundamentales al intervenir en los ingresos genuinos de los municipios. “Es una norma que afecta directamente la capacidad de autogestión de los municipios. Los ingresos provenientes de las habilitaciones vehiculares son recursos propios, esenciales para el funcionamiento de los gobiernos locales. Imponer una tarifa única es interferir en su autonomía”, afirmó.
