La auditoría interna del Instituto de Previsión Social (IPS) que reveló un esquema de ocultamiento de deudas por más de G. 7.600 millones no solo expuso presuntas manipulaciones dentro del sistema de Aporte Obrero Patronal (AOP), sino que también involucra a empresas y personas que durante años mantuvieron una intensa relación comercial con el Estado paraguayo mediante contratos obtenidos en licitaciones públicas. Entre los nombres que figuran en el informe aparece Da Vinci SA, una firma que, según la investigación interna del IPS, dejó de exhibir una deuda de G. 658.314.779 luego de modificaciones detectadas en el sistema informático de la previsional. Los registros de contrataciones públicas muestran que la empresa fue una proveedora frecuente de organismos estatales durante más de una década.
Da Vinci SA, representada por Miguel Ángel Ramírez Villarejo, acumuló 67 adjudicaciones entre 2010 y 2021, periodo en el que proveyó bienes y servicios a instituciones estratégicas del Estado.
Entre sus clientes aparecen la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el Fondo Ganadero y varias dependencias de la Universidad Nacional de Asunción. Los años de mayor actividad de la empresa se concentraron entre 2010 y 2016. Solo en 2014 obtuvo 13 adjudicaciones en instituciones tan diversas como la Fiscalía General del Estado, la Vicepresidencia de la República, Conatel, el MSP, la AFD y el Gabinete Civil de la Presidencia. Posteriormente, continuó obteniendo contratos en organismos públicos hasta el 2021, cuando registró su última adjudicación ante la Vicepresidencia.
Más de 230 adjudicaciones. Otro de los nombres que aparece en el informe es el de Gustavo Adolfo Leiva, con una deuda de G. 73.052.925. Aunque el monto es considerablemente menor al de algunas empresas incluidas en la investigación, su historial como proveedor estatal es significativamente más amplio. Los registros de contrataciones públicas reflejan que Leiva acumuló aproximadamente 234 adjudicaciones entre 2010 y 2021, convirtiéndose en uno de los proveedores más activos dentro del conjunto de casos identificados por la auditoría.
Su actividad comercial estuvo vinculada principalmente al suministro de elementos e insumos de limpieza, productos químicos, útiles de oficina y materiales eléctricos para diversas instituciones públicas. La frecuencia de las adjudicaciones evidencia una relación sostenida con organismos estatales durante más de una década. El informe de Auditoría Interna AI N° 01/2026 concluyó que funcionarios con acceso al sistema de Registro Electrónico Interno (REI) realizaron modificaciones de registros correspondientes al Aporte Obrero Patronal. Según los hallazgos, en lugar de eliminar las obligaciones pendientes, las deudas eran trasladadas a otros números de RUC o cédulas de identidad.
- 7.670 millones de guaraníes en deudas de empresas y personas por Aporte Obrero Patronal es lo que desapareció como obligación.
- 59 empresas habrían sido parte de este esquema de ocultamiento de deudas ante el IPS. Unos 14 usuarios de funcionarios están detrás
