A través de un comunicado difundido en las redes sociales, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) realizó un pronunciamiento sobre el proyecto de ley anti-ONG sancionado recientemente por el Parlamento, calificándolo como una “herramienta de intimidación”.
“Consideramos que esta normativa impone requisitos desmesurados que ponen en riesgo la libertad de asociación, que es un derecho consagrado en nuestra Constitución”, reza parte del comunicado.
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Los empresarios señalaron que las organizaciones sin fines de lucro desempeñan un rol esencial en el país y que una persecución podría desembocar en daños sociales.
“Eventuales sanciones arbitrarias y discrecionales no solo afectarán la operatividad de las asociaciones, sino que también debilitarán el tejido social construido con años de trabajo”, señala el texto.
La asociación solicitó a Santiago Peña vetar el proyecto de ley y liderar un diálogo con distintos sectores para elaborar una “normativa más equilibrada”.
“Debemos apuntar a un marco regulatorio que fortalezca a las organizaciones que, con su labor, ejercen la democracia y ayudan a construir una sociedad más justa y participativa”, concluyeron los empresarios cristianos.
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El jefe del Ejecutivo se está tomando su tiempo para decidir si veta o promulga el proyecto de ley, pese a que fue su sector político, encabezado por Gustavo Leite, el que impulsó la normativa, y la versión aprobada fue la que el mismo Ejecutivo remitió al Congreso, con sus modificaciones.
La ley es calificada de persecutoria hacia las disidencias en la sociedad civil, ya que como indican Gafi, la OEA, la ONU, Amnistía Internacional y otros organismos, se utiliza el argumento de la transparencia y la lucha contra el lavado de dinero para establecer controles desproporcionados a las organizaciones no gubernamentales, y desalentar su participación en la sociedad, su libertad de asociación y estigmatizar el activismo público.
