Funcionarios de la Compañía de Luz y Fuerza SA (Clyfsa) se movilizaron para exigir una pronta resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se encuentra en estudio un recurso presentado por la firma. El reclamo busca revertir un fallo que obliga a Clyfsa a pagar más de G. 65.000 millones por supuestas diferencias tarifarias acumuladas entre los años 2017 y 2021.
La jornada de protesta incluyó una marcha pacífica por las principales arterias de Villarrica, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan los trabajadores.
Durante la movilización, los manifestantes entregaron una carta abierta en el Palacio de Justicia de la ciudad y posteriormente se trasladaron hasta la Gobernación de Guairá y la Municipalidad de Villarrica, en busca de respaldo institucional.
Nidia Portillo, funcionaria de la empresa, manifestó que la incertidumbre golpea con fuerza a las familias.
“Detrás de cada puesto de trabajo hay hogares que dependen de este ingreso. Necesitamos una solución urgente”, expresó, al tiempo de pedir el respaldo de las autoridades y de la ciudadanía.
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El conflicto se originó tras la aplicación del Pliego de Tarifas Nº 21, que derivó en la recategorización de la empresa como consumidora de alta tensión.
Según sostienen desde Clyfsa, esta medida fue arbitraria y provocó un incremento cercano al 94% en el costo de la energía adquirida, mientras que los ajustes aplicados a los usuarios finales no superaron el 20%. Esta brecha generó un fuerte desbalance financiero que hoy coloca a la empresa en una situación crítica.
Los trabajadores advierten que, de confirmarse la sentencia, no solo se pondrían en peligro los empleos, sino también la continuidad del servicio eléctrico tal como se presta actualmente en la ciudad. Incluso, no se descarta que la distribución pase a manos exclusivas de la ANDE.
Asimismo, alertaron que cerca de 18.000 usuarios podrían verse afectados por eventuales cobros retroactivos, lo que incrementa la preocupación social en Villarrica.
El caso se mantiene en instancia judicial, mientras crece la tensión en la capital del Guairá ante el temor de un impacto laboral masivo y cambios en el sistema de distribución eléctrica.
