Con esto, ahora, la Contraloría General de la República podrá auditar al Ministerio Público. Es que la anterior fiscala general había accionado para evitar ser auditada, y la Sala Constitucional le concedió una medida cautelar que la evitaba.
“Como expresé a lo largo de mi intervención en las diferentes etapas y también últimamente, yo creo, soy convencido de que la tarea de control debe ejercerse siempre”, aseguró el fiscal general.
“Todos nos sentiríamos mejor si cada tiempo hay un exhaustivo control de manera tal que se corrijan los defectos, si es que hay, y es un poco el temperamento de la presentación”, acotó.
“Asumimos la necesidad de desistir de la acción para que se destrabe el tema y finalmente pueda hacer que la política de puertas abiertas y transparencia sea real en el Ministerio Público”, aseguró.
Remarcó que solo había una medida cautelar, y que se estaba estudiando. “Yo creo oportuno rescatar la idea de que la Contraloría tiene una misión constitucional y la tarea del Tribunal de Cuentas es distinta a la función de juzgar. Ambas actividades no deberían ser disímiles, sino por el contrario deben servir para una mejor transparencia de las gestiones”, explicó.
Cuando se le consultó si solo sería auditada la gestión anterior o abarcaría otras etapas, acotó: ”Tiene que ver con la necesidad de control permanente y año por año de cada institución. El mecanismo de auditoría no debe interpretarse como una negativa a un sistema, por el contrario, no hay que satanizarlo, sino ver la forma útil de que redunde en beneficio de la gestión”.
Indicó que “gracias a ellos podemos conocer las falencias porque una administración tan grande como el Ministerio Público necesita ir controlándose y sacar las conclusiones que sean reales”.
Finalmente, con respecto a su gestión en estos primeros 15 días, afirmó que “estamos haciendo todo lo que prometimos. Estamos ordenando, organizando, en fin, cuestiones que sí hacen falta para que la expectativa ciudadana de gestión correcta sea tal”.
“El Ministerio Público necesita ajustarse en muchos temas y organizando mejor nuestra tarea también se verá beneficiado en lo que es propuesta para el común de la gente”, concluyó.
La presentación se realizó ya pasado el mediodía de ayer, ante la Secretaría Judicial I, de la Sala Constitucional de la Corte, en forma personal por parte del fiscal general, lo que sorprendió a los presentes en el piso 9, de la Torre Norte.
El desistimiento se dio de la acción planteada en el 2019, por Sandra Quiñónez, donde la Corte dispuso, por Auto Interlocutorio N° 113, del 25 de febrero de 2019, la suspensión de los efectos de la ley, 2248/03, que modifica el artículo 30 del Código de Organización Judicial. La acción aún no tiene una sentencia.
Resolución
Tras la presentación del propio Emiliano Rolón Fernández, en su calidad de fiscal general del Estado, ahora, la Sala Constitucional deberá estudiar el pedido, y dictar el finiquito de la causa.
La acción se presentó contra la Ley 2248/03, que modificó el Código de Organización Judicial, que modificaba la competencia del Tribunal de Cuentas. Con la ley, las dos salas eran competentes para entender, exclusivamente, en los juicios contencioso-administrativos. Anteriormente, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, juzgaba las cuentas de las instituciones estatales.
