28 feb. 2024

100 días de conflicto y pocos cambios estructurales

Los primeros 100 días están marcados por la intrascendencia de las medidas positivas y por decisiones del Gobierno que posteriormente debieron ser revocadas por los conflictos que generaron. En definitiva, un saldo neto negativo. Este resultado contrasta con el gran poder de decisión con el que cuenta el presidente, dado que tiene mayoría absoluta en el Poder Legislativo y no tiene que negociar acuerdos ni ministerios con otros partidos políticos. En estos 100 días no ha aprovechado para hacer los cambios legislativos urgentes que se requieren las finanzas públicas y mover la economía hacia un modelo que genere mayores y mejores empleos.

Una de las acciones más importantes en el ámbito económico fue la creación del Ministerio de Economía y Finanzas y el reordenamiento de la institucionalidad económica con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, de la gestión de la función pública y de la planificación general de la nación. Ninguno de estos cambios son estructurales y por ahora no hay señales de que la gestión bajo el nuevo marco jurídico mejore el desempeño de la política fiscal y del Presupuesto, principales instrumentos económicos con que cuenta el Gobierno para cumplir las promesas electorales y las garantías constitucionales.

En la misma semana de los 100 días, el ministro del Interior, al ser consultado por la prensa, señaló que están perdiendo la batalla contra la inseguridad ciudadana y el ministro de Agricultura ya tuvo que cambiar de viceministro.

Esta semana también fue emitido el decreto de aprobación del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, cuya redacción es sumamente ambiciosa, pero si se observa el Presupuesto enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso se podrá constatar que no cuenta con los recursos necesarios ni para iniciar su implementación.

Este documento es uno de los que será más importantes para el Gobierno, teniendo en cuenta el peso que tiene el tema en los discursos, tanto antes como después de las elecciones. Sin embargo, al no contar con una mayor cantidad de recursos difícilmente se verifiquen cambios en la trayectoria de la pobreza, ya ralentizada desde hace una década.

En este sentido, la reducción de la pobreza monetaria en el corto plazo requiere, por un lado, ampliar la cobertura y los montos de transferencias que realiza el Gobierno en la niñez y adolescencia. Por otro lado, mejorar las condiciones del mercado laboral para que quienes trabajen ganen lo suficiente para que sus hogares salgan de la línea de pobreza. Por ahora no se vislumbra una mayor prioridad fiscal para las políticas que afectan de manera directa a la pobreza monetaria.

En el largo plazo el desafío de la reducción de la pobreza se encuentra en mantener a los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, mejorar el sistema de salud e impulsar un crecimiento económico más inclusivo para las personas adultas. En cualquiera de estos ámbitos tampoco se visualizan medidas que amplíen el alcance de las políticas actuales o cambien el rumbo.

Desde hace ya unos años es claro el estancamiento en el que está el país. No solo en el desempeño económico sino también en casi cualquier indicador económico. La pandemia hizo retroceder en muchos de ellos, por lo cual en estos años el gran desafío será volver a los niveles anteriores, pero además acelerar los avances. No hay que olvidar que Paraguay se encuentra entre los últimos lugares de la región en cualquier índice de desarrollo.

La política fiscal, con el Presupuesto que tiene como principales componentes al gasto, los ingresos y el financiamiento del déficit, es uno de los principales instrumentos para mejorar la vida de la población. La situación actual de la misma es compleja porque se requieren más inversiones en todas las áreas, el sistema tributario es injusto y recauda poco y por esa razón también estamos llegando a niveles de deuda insostenibles.

El Gobierno y las autoridades económicas no pueden quedarse en la inercia en la que ha estado dicha política en la última década. No solo no cumple con sus objetivos de impulsar el crecimiento económico, resolver fallas de mercado, redistribuir y garantizar bienestar, sino que acumula problemas cada vez más graves.

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