A una semana de haber cumplido un año en el gobierno, el presidente Santiago Peña, durante una jornada de gobierno en el interior del país, presentó a su vicepresidente, Pedro Alliana, como candidato para las elecciones generales de 2028. Con el gesto, se rompe probablemente un récord electoralista, en un país que soporta una grave crisis de liderazgo frente a los problemas económicos y sociales que afectan a la población. Mientras los diabéticos no pueden acceder a sus dosis de insulina, los políticos solo piensan en las elecciones.
A un año de haber asumido la titularidad del Poder Ejecutivo, el presidente Santiago Peña –quien llegó a la presidencia de la mano del Partido Colorado con la promesa a sus electores de que “vamos a estar mejor”– no solo no ha satisfecho las expectativas ni cumplido sus promesas, sino que además muy pronto se ha entregado a un absurdo electoralismo cuando todavía le quedan cuatro años de gobierno.
Confundiendo Estado con el partido, como en los tiempos del dictador Alfredo Stroessner, el presidente utilizó una plataforma gubernamental durante una jornada de gobierno en Ñeembucú para convertir el acto en una jornada proselitista de un partido político. Santiago Peña anunció que proyectan a su vicepresidente Pedro Alliana para la silla presidencial en 2028.
Las diferentes interpretaciones apuntan a que el hecho confirma que Alliana es el elegido de Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, y que marcar tan apresuradamente el internismo tiene el objetivo de adelantarse a su disidencia interna y a otros que aspiran al cargo. Lamentablemente, un sector de la oposición ha entrado en el juego. Es el caso del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde se escucha hablar de la danza de nombres de potenciales candidatos; lo mismo ha hecho el ex candidato presidencial del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas, quien, a través de las redes sociales, afirmó: “Le cedo a Miguel Prieto mi candidatura a presidente”.
Los anuncios, las apuestas y las movidas de la clase política parecen suceder en otra realidad, una que transcurre paralela, en donde vive la población de un país a la que sus gobernantes no le ofrecen las soluciones a sus dramas y carencias.
El presidente ha tenido la brillante oportunidad de gobernar sin disidencias, ya que el partido que lo ha llevado al poder tiene mayoría en el Congreso Nacional; sin embargo, no ha podido utilizar este poder en beneficio de la ciudadanía. El Parlamento, con mayoría colorada, en vez de honrar la representación del pueblo paraguayo creando leyes para el beneficio de todos, ha optado demasiadas veces por deshonrar a sus electores y representados. Al eliminar Fonacide para crear Hambre Cero dejaron importantes programas sin fondos; uno de los más sensibles es el que proveía recursos para pacientes con cáncer y mientras se sigue manteniendo a hijos e hijas de políticos que fueron ubicados sin mérito alguno, los nepobabies, enfermos claman por la provisión de insulina.
Pretenden imponer un permanente electoralismo, pero no resuelven uno de los más graves problemas que enfrenta nuestro Estado, el crimen organizado. Hace diez años, un estudio del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) ya alertaba que la vinculación de políticos y autoridades con el narcotráfico podría generar una fractura del Estado, porque las estructuras delictivas se estarían convirtiendo en un poder paralelo al oficial y generarían un grave peligro. Una década después se ha normalizado vincular a autoridades electas con el narco y el crimen organizado.
Nuestra democracia seguirá incompleta, mientras a los paraguayos y paraguayas les sigan faltando las condiciones mínimas necesarias para vivir dignamente, con acceso a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad. Mientras la clase política solo piense en elecciones y no en mejorar la vida de la población y permita que el crimen organizado se apodere de todo, el Estado de derecho estará amenazado. Al mismo tiempo, Paraguay precisa de una ciudadanía comprometida y despierta que trabaje para lograr una transformación política en el país, y deje de elegir a aquellos “hombres escombro”, de los que hablaba el recordado monseñor Ismael Rolón.
