Al contemplar los últimos dramas que se vienen suscitando en la escena política de nuestro país, no podemos sino preguntarnos cuál ha sido el perverso mecanismo que ha llevado a nuestras instituciones a tal estado de irremediable decadencia. Vemos cometerse sin desparpajo vulgares fraudes en el seno del Ejecutivo, persecuciones prepotentes hacia jóvenes manifestantes, y hasta asesinatos políticos visiblemente ligados al tráfico de estupefacientes. Este perverso escenario nos convence de que nuestra sociedad está tocando fondo, y que los responsables de comandar la nave del Estado no parecen tener la más mínima idea de dónde están parados. La sociedad está descuajeringada y para rejuntar los cuajos, necesitamos darnos cuenta de cuán enfermas están nuestras instituciones. Las repúblicas mueren cuando en su seno los cimientos de su existencia se corrompen, y el más importante de ellos es el respeto a la ley. Cuando la ley deja de gobernar, el resultado es la violencia y el fraude político. Sin el respeto a la ley y la virtud cívica necesaria para lograr el ideal republicano del servicio público, predominan los objetivos a corto plazo que solo favorecen intereses particulares. Este estado de cosas deriva en vicio, corrupción, y degradación social. Solo la virtud cívica y la capacidad de forjar un compromiso entre el interés político y el interés general podrá reparar la fragmentación de las instituciones y finalmente curar la sociedad enferma.
Convengamos pues que estos males atentan contra lo más esencial de la fábrica social. Sin embargo, no hagamos como el médico mediocre que solo atiende lo superficial y pretende curar los síntomas y no la verdadera causa de la enfermedad. La corrupción es un mal arraigado en nuestro cuerpo social, pero no es la causa de su crisis. Más bien es la consecuencia de un mal mucho mayor. Este mal es el resultado del aumento cada vez mayor del poder que ejerce el político y la casta gobernante sobre el individuo.
Para comprender mejor el problema, permítaseme una pequeña caricatura político-económica. Imaginemos a un periodista entrevistando a dos potenciales candidatos al cargo público. Primus declara lo siguiente: “Sostenemos que la propiedad privada es sagrada y absoluta. Creemos en el libre mercado y en el derecho inviolable del individuo a desarrollar su proyecto de vida sin intervención del Estado. Creemos que el Estado no es agente económico válido en la sociedad y que no tiene derechos sobre los bienes del ciudadano. Los impuestos son inherentemente un robo, y deben ceñirse a lo estrictamente necesario para preservar el mecanismo del respeto de la ley y la paz. A renglón seguido, Secundus manifiesta todo lo contrario: “La propiedad privada es relativa y debe obedecer a un interés social determinado en la ley del Estado. El mercado libre tiene defectos y es obligación del Estado (el político) de reparar esos errores con medidas intervencionistas. El Estado es fundamental para el progreso económico del individuo y, por ende, es fundamental establecer un régimen impositivo que promueva la igualdad social. La función del Estado debe ser corregir las diferencias económicas entre los ciudadanos…, etc., etc.
A esta altura ya vemos dibujarse en el lector una pícara sonrisa, y no le sería muy difícil deducir las verdaderas intenciones de uno y otro agente. Primus quiere disminuir la influencia del político sobre la economía, Secundus quiere aumentarla, es decir, poner el dinero del ciudadano bajo su control, para poder así trasladarlo a su bolsillo. Quiere, en otras palabras, aumentar su poder sobre la sociedad en general.
Vemos aquí el verdadero sentido del problema de la corrupción. La corrupción es el resultado de un sistema económico viciado. Un sistema en que el político y la casta política obtiene más y más poder sobre la producción y la vida del individuo. Un sistema en que toda la actividad económica está regulada por el Estado. No nos extrañemos pues que en este contexto donde el gobernante tiene un poder absoluto sobre nuestras vidas, este no haga abuso de él. El resultado de ese abuso –como decía Lord Acton en la frase que sirve de acápite a nuestro artículo– es mayor y mayor corrupción y la consiguiente disgregación social, consecuencia lógica del proceso. Debemos cambiar el sistema, no el agente.
El político obtiene su poder a través del monopolio absoluto que tiene sobre la producción de leyes. Mientras esta facultad no le sea severamente coartada, seguirá haciendo uso de ella en forma ilimitada y su poder aumentará más y más. No es este el lugar para sugerir una solución a este problema que se halla en la raíz de todos los regímenes que llamamos “democráticos”. Solo nos queda recalcar que para reconstruir nuestras debilitadas instituciones, debemos no solo involucrarnos con mayor energía a la lucha política y cultural, sino, asimismo, comprender que la corrupción es el resultado de la sistemática implementación de regímenes antiliberales y totalitarios. El político corrupto es un engendro del sistema y no su causa. La corrupción no es nada más que poder absoluto.
