La nueva normativa, aprobada ‘ad experimentum’ por León XIV el pasado 20 de mayo, sustituye el estatuto de 2015 impulsado por el papa Francisco, fundador de la comisión, según informó la oficina de prensa del Vaticano.
“Estos estatutos reflejan la escucha a las víctimas, a los expertos en salvaguarda y a la experiencia de las iglesias locales, reafirmando que la protección sigue siendo una prioridad central”, señaló en un comunicado el presidente de la comisión, el arzobispo Thibault Verny, nombrado el pasado 5 de julio por León XIV.
La reforma redefine el encaje de la comisión dentro de la Curia Romana y su relación con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el “ministerio” vaticano que cuenta con una sección disciplinaria encargada, entre otras funciones, de los casos de abusos.
La comisión queda establecida en este dicasterio y colaborará con él en el intercambio de información, desarrollo de metodologías de protección, elaboración del informe anual y programas de formación, aunque mantendrá su función consultiva y seguirá informando directamente al pontífice.
Capacidad para elevar informes a la Santa Sede
Respecto al estatuto de 2015, que definía a la comisión como una institución autónoma de carácter consultivo y de propuesta de iniciativas, el nuevo marco normativo detalla mecanismos concretos de colaboración institucional.
La clave jurídica radica en el artículo 6.4, que establece que, en caso de detectarse “violaciones repetidas de las normas o graves deficiencias en los sistemas locales de presentación de informes y denuncias”, la comisión podrá someter sus propias evaluaciones y recomendaciones a los dicasterios competentes de la Santa Sede para que estos “ejerzan sus responsabilidades”.
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Entre las principales novedades, el organismo también podrá participar “para las materias de su propia competencia” en las reuniones durante las visitas que los obispos de todo el mundo mantienen en el Vaticano, en coordinación con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Refuerzo de sistemas de denuncia y atención a víctimas
En el ámbito de la prevención, se subraya la promoción de la responsabilidad local y se encomienda a la comisión velar por que, “en el caso de que no se haya hecho ya”, se establezcan en las diócesis y eparquías “sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar denuncias de abusos”, incluso mediante ficinas eclesiásticas específicas.
Además, el texto promueve la creación y difusión de centros a nivel regional y nacional “donde las víctimas sean tratadas con dignidad y respeto” y reciban “acogida, escucha y acompañamiento”, así como asistencia espiritual, médica, terapéutica y psicológica según cada caso.
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Asimismo, se destaca la promoción de iniciativas destinadas a proteger la imagen y la esfera privada de las personas implicadas, así como la confidencialidad de los datos personales.
Un informe anual obligatorio
El nuevo texto introduce además la tarea de elaborar y publicar un informe anual, hasta ahora no previsto expresamente en los estatutos y del que solo se han presentado dos ediciones desde la creación de la comisión.
Este documento deberá presentar “de manera objetiva y transparente” las iniciativas impulsadas por los dicasterios y por las instancias eclesiásticas locales en materia de protección de menores y personas vulnerables, y será presentado al papa previa consulta a la Secretaría de Estado antes de su publicación.
A nivel organizativo, la comisión aumenta su número máximo de miembros de 18 a 23 y la duración de sus mandatos se amplía de tres a cinco años, permitiéndose una sola reconfirmación en el cargo para asegurar la renovación.
Para mejorar la coordinación con el órgano doctrinal de la Iglesia, el presidente o secretario de la comisión de menores será nombrado miembro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, mientras que este último enviará observadores a las asambleas plenarias de la comisión.
Fuente: EFE.
