La Fiscalía ya contestó el traslado de la apelación de la defensa del diputado colorado con permiso Ulises Quintana sobre el rechazo de su revisión de medidas, con lo que ahora el expediente pasará esta mañana al Tribunal de Apelación de feria, que deberá resolver la cuestión.
En este caso, el principal argumento de la defensa es la violación del artículo 191 de la Carta Magna, sobre la inmunidad de detención, ya que Quintana no fue hallado en flagrancia, como dice la normativa constitucional.
ORFANDAD. En su extensa apelación, la defensa desgrana uno por uno los cargos contra el legislador y pone sobre el tapete la orfandad de pruebas que esgrime el Ministerio Público.
Con el perdido, la defensa confía en que Quintana pueda ser favorecido con las medidas sustitutivas para poder reasumir su cargo de diputado, que actualmente es ejercido por su suplente, Rocío Abed, esposa del diputado Justo Zacarías Irún.
Por su parte, la Fiscalía habla de que aún existen varias pruebas pendientes, a más de que la legislación no permite otorgar medidas alternativas a los procesados por crímenes.
El juez Humberto Otazú, por su parte, sostuvo que no se violaron las reglas procesales con el diputado, y con que la ley no le permite conceder medidas sustitutivas por los casos denominados como crímenes.
Quintana, en conversación con la prensa, dijo ser un secuestrado de la fiscala general Sandra Quiñónez, y que esta es manejada por el clan Zacarías Irún, por lo que tiene cajoneada su imputación.
El legislador con permiso adelantó que iba a denunciar a los jueces y fiscales ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la violación evidente de sus derechos constitucionales.
El tribunal de feria, que deberá expedirse, está integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Nery Villalba.
