Con esta última decisión, la máxima instancia judicial de Brasil ya ha procesado a 550 personas desde que empezó a analizar las denuncias presentadas por la Fiscalía General por la asonada golpista que se produjo una semana después de Lula asumir la Presidencia.
Los magistrados del alto tribunal tienen previsto iniciar este martes el análisis virtual de otro bloque de querellas relacionadas con el asalto de Brasilia del 8 de enero, que hasta el momento totalizan 1.390.
Ese día, miles de simpatizantes del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, con la intención de provocar una intervención de las Fuerzas Armadas para derrocar a Lula.
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Las autoridades brasileñas llegaron a detener a unas 2.000 personas por esos actos golpistas, aunque en la actualidad permanecen en prisión menos de 300. El resto aguarda el final del proceso en libertad con medidas cautelares.
Los acusados enfrentan ante la Justicia graves delitos como “abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “golpe de Estado” y “asociación ilícita armada”.
Desde entonces, la Policía Federal ha abierto varias líneas de investigaciones para averiguar los autores intelectuales de la intentona golpista, así como a aquellos que la financiaron.
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Bolsonaro, que el 8 de enero se encontraba en Estados Unidos, adonde viajó dos días antes de terminar su mandato para evitar entregarle la banda presidencial a Lula, consta como investigado por “incitar” a sus seguidores a atacar las instituciones democráticas.
El líder ultraderechista, que gobernó entre 2019 y 2022, declaró el pasado 26 de abril ante la Policía por este caso y negó cualquier tipo de responsabilidad con la intentona golpista.
Bolsonaro, quien perdió los fueros el pasado 1 de enero, cuando le sucedió Lula, es investigado en una veintena de procesos por abusos de poder, entre otros cargos, en causas que tramitan en la Justicia ordinaria, el Supremo y en tribunales electorales.
