¡Henos aquí!, como en los viejos tiempos. El cartismo consolidó allí una mayoría y está evidenciando que la piensa usar para sus propios intereses. No le tienen miedo a nada. Se animaron a poner a Hernán Rivas como presidente del JEM. Cuando cayeron en la cuenta del monumental exceso, lo reemplazaron por Orlando Arévalo.
Los antecedentes del nuevo presidente no fueron, nomás, todavía, demasiado investigados, porque todos andan demasiado fascinados por la novelesca historia académica de Rivas. Pero ya volverán sobre el curioso certificado de estudios de Arévalo, con promedio “10”, registrado con el número “”00001”, de una universidad de garaje, de ubicación dudosa y que tomaba exámenes los jueves santos y días feriados.
El cartismo está dispuesto a golpear a los jueces y fiscales que se constituyan en un obstáculo a su proyecto autoritario. En la sesión del martes pasado tuvimos algunos ejemplos.
Empecemos por la insólita vendetta contra el fiscal Silvio Corbeta, quien procesó al exgobernador cartista de Central, Hugo Javier González, por un supuesto enorme desvío de fondos y otros delitos. Corbeta, digámoslo de paso, es el mismo fiscal que también imputó al senador cartista, Erico Galeano, en el marco del operativo A Ultranza y al diputado Esteban Samaniego, también cartista, por supuesta corrupción como intendente de Qhyqhyhó.
Las denuncias contra Corbeta presentadas por uno de los procesados fueron desestimadas, pero a partir de allí, el recientemente incorporado miembro del JEM, Enrique Berni, inició una inentendible argumentación, en la que sostuvo que los hechos denunciados eran muy graves y afectan demasiado al interés público como para no ser investigados. Como si el ladrón fuera Corbeta y no Hugo Javier. Y que, por eso, el fiscal debía ser investigado. Esa barbaridad fue aprobada. Porque lo importante era tener abierta una investigación contra él. Para lo que hubiere lugar en el futuro. Como en la época de don Óscar.
El mismo día salvaron a la fiscala Katia Uemura, sospechada de tener vínculos con narcos. Es la esposa de Daniel Montenegro, detenido en la mansión de ambos en Pedro Juan Caballero, en el marco del operativo Pavo Real. Montenegro está acusado de estar vinculado al esquema de lavado de dinero del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. Los integrantes del JEM esta vez discutieron un poco más, pero, finalmente, mandaron al archivo su caso, pese a todas las publicaciones periodísticas. “No había nada oficial contra ella”, dijeron.
Por supuesto, también blanquearon a jueces y fiscales que votaron en las internas partidarias. En realidad, hablamos de la ANR, puesto que más del 70% del funcionariado del sistema de justicia es colorado. El JEM alegó no contar con pruebas que configuren mal desempeño de funciones. Sin embargo, lo que estos magistrados hicieron fue violar el Código de Ética Judicial al estar afiliados y votar en internas partidarias.
Y, tal como ocurría en tiempos de don Óscar, los temas que no convienen al cartismo, se cajonean, in aeternum. Es lo que le está pasando a un pedido de investigación presentado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia contra la fiscal, Estefanía González, que jamás entra en el orden del día. El caso tiene que ver con una valiosa propiedad expropiada a través de una sentencia falsa y vendida a Patrick Bendlin, esposo de Sol Cartes. Creo que, con este JEM, la fiscal Estefanía puede estar tranquila.
Los que no estaremos tranquilos somos los ciudadanos comunes que aspiramos vivir en una sociedad en la que existan jueces que nos protejan sin temor de recibir un latigazo en el lomo.
