El documento de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC) pretende constituirse en un instrumento que marque un cambio en la manera de enfocar la criminalidad y el delito, conociendo lo que se debe de combatir, y de ahí empezar a trabajar desde el conjunto del poder civil.
Según explicó Rafael Filizzola, implica un cambio de paradigma en la visión multiagencial, al enfrentar un problema complejo, pues una sola institución no puede combatir un problema bastante amplio.
La intención con esto es que no solo el aparato punitivo del Estado (Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial) sean los responsables de realizar estrategias de lucha, sino desde una perspectiva más amplia, donde apuntan a crear un consenso.
La intención de crear un consenso político de un proceso de participación ciudadana, para que de esa manera exista una apertura de la Policía Nacional hacia la población, y viceversa, donde el uniformado tenga una relación de confianza con la ciudadanía.
Por otra parte, el PNSC apunta a leer el fenómeno de la inseguridad como resultado de varias variables, como son la pobreza, la marginalidad, la inequidad, la falta de educación, entre otras, y desde esta perspectiva emplear trabajos que no solo apunten a las instituciones punitivas propiamente dichas.
“Es necesario también invertir en lo social, para tener una sociedad más justa, y en consecuencia más segura”, mencionó el jefe de la cartera de Estado del Interior, refiriendo que lo que se elabore en materia de educación, en salud, en obras viales y municipales, como iluminación de calles, todo aportará para el beneficio del combate a la delincuencia que hoy está fuertemente instalada en el Paraguay.
7 EJES SERÁN COMBATIDOS
La PNSC plantea combatir 7 ejes que requieren una atención a situaciones especiales.
Una de las estrategias es combatir la violencia urbana, con inversiones en tecnología y cámaras de vigilancia. En el punto dos figuran la delincuencia organizada y la transnacional, seguidas por el combate al narcotráfico y los carteles.
Apuntan además al control de armas ligeras, el control del abigeato, la vigilancia a desarmaderos y los secuestros, erradicando bandas como el EPP.
