09 ene. 2026

El pleno de la Corte confirma a magistrados, fiscales y defensores

El pleno de la Corte Suprema, en su sesión ordinaria, ratificó en sus cargos a varios jueces penales de la capital y del interior, así como a fiscales y defensores públicos. Entre los confirmados están los magistrados de Garantías de Asunción Yoan Paul López, Cinthia Lovera y Raúl Florentín.

fde104ca-7a85-47da-a141-c4142c8ea45c (1).jpg

Confirmaciones. El pleno de la Corte ratificó a jueces, camaristas, fiscales y defensores públicos.

Foto: Gentileza PJ

De forma unánime, los ministros de la Corte Suprema ratificaron en sus cargos a los jueces penales de Garantías de la capital abogados Yoan Paul López (que estuvo en terna como único candidato), Cinthia Lovera y Raúl Florentín.

En el caso de Yoan Paul López, el ministro Eugenio Jiménez aclaró que era totalmente legal la elección de un magistrado de una terna con un único candidato.

Además, también fueron confirmados la jueza de Sentencia de la capital, Lourdes Peña, a más de los camaristas Laboral, Geraldine Cases, y el camarista del fuero Civil, Osvaldo González.

Asimismo, ratificaron a las juezas de Central, Yngrid Yambay y Dina Marchuk, a más de los camaristas del Alto Paraná, Graciela Ortiz y Roberto Líder Macorito.

Igualmente, también fueron confirmados la jueza de Garantías de Ytakyry, Jorgelina Vera, y jueces itinerantes de Ciudad del Este, Serafín González Roa, Carmen Leticia Barrios y Flavia Lorena Recalde Silva.

Otros que seguirán en sus cargos son la magistrada de Liquidación y Sentencia del Alto Paraná, Vitalia Elizabeth Duarte Mereles; el camarista de Concepción, Luis Alberto Ruiz Aguilar, y el juez Penal de Garantías y Penal de la Adolescencia de la misma circunscripción, Marta Rossana Barreto Araújo.

Designaron como juez Penal de Concepción a Luis Arnaldo Estigarribia Domínguez, y confirmaron al magistrado Penal itinerante de Concepción, Liz Maribel Romero, y a la juzgadora del fuero Civil y Comercial, Liz Rossana López.

También seguirán en sus cargos, el juez Penal de Sentencia de Ñeembucú, Rossana Manuela Alonso; la jueza de la Niñez de Canindeyú, Ruth Dominga Contrera Martínez, y la jueza Civil, Comercial y Laboral de Caaguazú, Lilian Rosmary González de Duarte.

Por su parte, ratificaron a los fiscales de Boquerón, Andrés Arriola; de la ciudad de Pilar, Víctor José Encina Franco, y de la ciudad de Coronel Oviedo, Caaguazú, Juan Marcelo Dejesús García de Zúñiga; y de la agente de San Estanislao, San Pedro, Irma Concepción Arias Barreto.

Además, confirmaron a los defensores públicos de Villarrica Édgar Abdón Vázquez Fernández, Vanessa María Peralta Martínez, Walter Marcelo López Barreto, Walberto Ramón Ortiz Galeano y María Selva Rodríguez Trinidad.

Los ministros eligieron como defensora pública de Ñeembucú a Isabel Benítez de Candia, defensora pública de Pilar, Yenny Raquel Gómez Negrete, y defensor público multifuero de Filadelfia, Jessica Graciela Manicaveli Cabral.

El lunes 10 de noviembre, al mediodía, les tomarán el juramento correspondiente, conforme aprobaron los ministros.

Más contenido de esta sección
Las víctimas de la mafia de los pagarés consideraron como “solo un pequeño alivio” la nueva ley para suspender embargos y exigieron una investigación como crimen organizado, ya que el mismo Estado “reconoció la existencia de la mafia”.
El presidente de la República Santiago Peña promulgó la ley N° 7614 de saneamiento de juicios ejecutivos irregulares que será transitoria por dos años, se creó para corregir violaciones durante los procesos, especialmente en las causas conocidas como la mafia de los pagarés.
Funcionarios del Senave, junto con personas ajenas a la institución, exigían a importadores sumas millonarias en concepto de “colaboración” o “gratificación por celeridad” para expedir el certificado que habilita la importación de tomates, papas y cebollas. Si bien el trámite tenía un costo oficial de G. 17.715, los solicitantes debían pagar hasta G. 10 millones. Por el hecho están acusados Pastor Emilio Soria, ex titular del ente; el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, entre otros.
Desde noviembre, la recusación presentada contra la fiscala Liz Medina en la causa de la jueza de Paz Norma Ortiz no se resuelve, por lo que el caso está trabado. La agente fue asignada para investigar el presunto esquema de la mafia de pagarés dentro del Juzgado de Luque. El caso saltó a luz tras una auditoría de la Corte, que confirmó irregularidades en los juicios.
Ante las denuncias de supuestos pedidos de coimas para agilizar la expedición de los documentos, la Policía Nacional insta a la ciudadanía a informar los casos de corrupción para investigar y sancionar.
Un análisis de 200 causas permitió establecer una caracterización aproximada de uno de los hechos más denunciados a nivel país. El 37% de los casos fueron víctimas de entre 30 y 45 años.