Tanto la Sala Constitucional como la Sala Penal de la Corte dicen que el auto de apertura a juicio oral es apelable. Además, validan la presentación electrónica por sobre la que fue realizada en formato papel. Esto, según un fallo donde anulan la decisión del Tribunal de Apelación del Alto Paraná.
La resolución fue dictada por los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, quienes declaran nulo un fallo del Tribunal de Alzada y ratifican la decisión del juez de elevar el caso a juicio oral.
Veamos. El 2 de marzo del 2016, la Fiscalía imputó a Junior Sánchez por supuesta apropiación. Ese día, el juez le declaró en rebeldía, por lo que tenía orden de captura. El 8 de febrero del 2019, el mismo fue puesto a cargo del magistrado y se levantó la medida.
Finalmente, la Fiscalía le acusó y el 21 de agosto del 2019 elevaron el caso a juicio oral. Sin embargo, el 4 de noviembre de ese año, el Tribunal de Apelación Penal del Alto Paraná anuló la decisión judicial y dispuso una nueva audiencia.
En la segunda preliminar, el 3 de mayo del 2021, el juez concedió el sobreseimiento provisional del procesado. El 24 de febrero del 2022 se reabrió la causa y se fijó la fecha el 24 de junio del 2022 para la presentación del requerimiento conclusivo.
El 23 de junio del 2022, la fiscala Cinthia Leiva, en forma electrónica, pide la suspensión condicional del proceso. No obstante, recién el 27 de junio presentó en formato papel su solicitud ante el magistrado.
El 22 de julio de ese año, el juez le dio trámite de oposición al caso, por lo que el fiscal Adjunto, Humberto Rosseti, acusó al encausado y solicitó juzgamiento público. El 12 de setiembre de ese año, el juez de Garantías elevó el caso a juicio oral.
Finalmente, el 27 de octubre del 2022, los camaristas del Alto Paraná, Miryan Meza, Lilian Lorena Benítez y Efrén Giménez anularon la resolución, extinguieron la causa y sobreseyeron al acusado.
La fiscala Cinthia Leiva planteó un recurso extraordinario de casación contra lo decidido en segunda instancia, donde requirió su nulidad.
RESOLUCIÓN DE LA CORTE
La Sala Penal de la Corte, por auto interlocutorio 295 D del 25 de mayo del 2026, resolvió la cuestión. Fue preopinante la ministra Carolina Llanes, que analizó los argumentos de la agente fiscal.
La ministra estudió los fundamentos de los camaristas. Dicen que fue un error del juez darle el trámite de oposición, cuando debía seguir el artículo 139 del Código Procesal Penal, por falta de acusación, ya que el pedido fiscal se hizo fuera de plazo. Esto, porque tomaron en cuenta el pedido hecho en formato papel. Por esto, anularon la resolución.
La Fiscalía pide anular el fallo y confirmar que el caso pasa a juicio oral, mientras que el abogado defensor Rubén Darío Núñez requirió ratificar la decisión de los camaristas.
Después, la ministra Llanes hizo un recuento de las actuaciones para luego sentar su posición en que el auto de apertura a juicio oral es irrecurrible, con el objetivo de definir el caso de manera eficaz y oportuna, evitando dilaciones indebidas.
Afirmó que, con el régimen de control horizontal, los jueces pueden controlar la validez del fallo.
No obstante, admitió que son impugnables aquellos puntos sobre medidas cautelares que no tienen que ver con la decisión de elevar el caso a juicio oral.
Luego, al analizar el fallo, alegó que los camaristas obviaron verificar la plataforma electrónica donde se puede notar que el pedido fiscal fue presentado dentro del plazo legal. Con ello, explicó que el trámite de oposición fue dado en forma correcta. Votó por anular el fallo de apelación y ratificar la decisión del juez.
Por su parte, Ramírez Candia sostiene que el auto de apertura a juicio oral sí es pasible de recurso de apelación general. Acota que ya lo señaló en el caso de Camilo Soares.
Además, coincidió en que el pedido fiscal se hizo dentro del plazo de manera electrónica. Votó por anular el fallo de apelación y ratificar la decisión de elevar el caso a juicio oral.
Su colega Benítez Riera se adhiere al voto de Ramírez Candia, en su análisis sobre el fondo de la cuestión, por lo que coincide en que hay que admitir la casación, anular el fallo del Tribunal de Apelación y ratificar la resolución de elevar el caso a juicio.
La decisión de los ministros de la Sala Penal ratifica que, en mayoría, coinciden en que el auto de apertura a juicio oral es apelable, a pesar de lo que dice el Código Procesal Penal.
La Sala Constitucional de la Corte, desde el caso Camilo Soares, lo sostiene. Es más, incluso, ya declararon inconstitucional el artículo 461 del CPP, que señala que es inapelable.
La cuestión es que varios camaristas aún indican que la resolución que eleva el caso a esa etapa es inapelable, contrario a lo que dice la Corte.
- El auto de apertura a juicio oral si es pasible de un recurso de apelación general, según la mayoría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
