El colapso de ueno bank precipitó la destitución de Peña. El congelamiento de millones de cuentas, los fondos públicos depositados y los vínculos del presidente con el grupo empresarial transformaron una crisis bancaria puntual en una crisis terminal para el Gobierno. No obstante, la velocidad del desenlace se explica por la desarticulación de un equilibrio político que llevaba meses deteriorándose dentro del oficialismo.
Primero, el poder que sostenía al presidente nunca le perteneció políticamente. La estabilidad descansaba en una tríada conformada por un presidente que administraba, una facción que gobernaba y un líder que mandaba. La conducción partidaria disciplinaba al Congreso y arbitraba las disputas internas, mientras el Ejecutivo gestionaba los recursos estatales. Esa distribución aseguró la estabilidad durante tres años. Su continuidad dependía de una autoridad política que no controlaba. Le pertenecía a HC.
Segundo, el ejercicio del Gobierno por parte de SP alteró las bases de esa dependencia. El manejo del Presupuesto y la administración de programas como Hambre Cero ampliaron los recursos y la autonomía de los gobernadores y legisladores frente a HC. Acceder a estos recursos les permitió autonomizarse. La disputa por la chapa de 2028 convirtió la autonomía relativa en ruptura con el antiguo patrón, pero el nuevo oficialismo descansaba en recursos del Gobierno y en intereses políticos individuales y fragmentados sin construir una organización leal al presidente. No había un peñismo. Cuando la crisis elevó el costo de apoyarlo, esos mismos dirigentes optaron por purgarlo para no ser arrastrados.
Tercero, el predominio colorado y su copamiento en instituciones claves debilitaron los controles que debían advertir riesgos. Las mayorías parlamentarias y el uso de la aplanadora colorada redujeron los incentivos para fiscalizar al Ejecutivo, mientras las relaciones entre autoridades y negocios borraban la frontera entre lo público y lo privado. La paradoja es que los controles institucionales también protegen a los gobiernos de sus propios errores. Al debilitar estos mecanismos, como el conflicto de intereses y puertas giratorias, entre otros, el oficialismo redujo su capacidad de detectar y corregir problemas antes que adquieran una dimensión inmanejable.
Cuarto, el tamaño de la crisis hizo que los políticos buscaran un refugio para no quedar expuestos. HC, que participó en la solicitud de los primeros informes al BCP, percibió en la crisis una oportunidad para recuperar la conducción. Los legisladores vieron un paraguas para preservarse. La sucesión constitucional ofrecía una salida que permitía conservar el poder. Peña debía ser purgado rápidamente para que todos los demás puedan permanecer.
Quinto, la ANR tiene experiencia en sustituir a sus principales referentes y conservar el poder. La historia política nos muestra cómo logró desprenderse de sus líderes con el fin de conservarse. La incógnita es si esta jugada permitirá también procesar el costo de uno de los mayores escándalos que recordará nuestra historia.
El nuevo Gobierno asume con poco que ofrecer y mucho que reparar. Se sostendrá en los mismos dirigentes que debilitaron los controles y respaldaron a un presidente con graves responsabilidades penales por esclarecer. La reconstrucción de la confianza exige investigar hechos que muy posiblemente los comprometerán. La paradoja es que una investigación rigurosa podría implicar a los mismos actores de los que depende la estabilidad del nuevo Gobierno. Por de pronto, partido, patrón y facción continuarán como si la crisis les fuera ajena.
