20 may. 2024

El ex diputado Juan Carlos Ozorio es llevado esposado a la Senad

El ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio fue llevado esposado desde la Fiscalía hasta la base de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), tras su declaración indagatoria en la sede del Ministerio Público.

Juan Ozorio.jpg

El ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio es escoltado esposado por los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Foto: Fernando Calistro.

El ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio fue trasladado con un fuerte dispositivo de seguridad desde la Fiscalía Antidrogas hasta la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en donde pasará la noche.

El fiscal Antidrogas Marcos Alcaraz explicó en conversación con NPY que en el transcurso de la noche de este miércoles formulará imputación contra el ex diputado por los presuntos hechos de asociación criminal, tráfico de drogas y lavado de dinero, tras ser detenido en el marco del Operativo A Ultranza Py.

Lea más: Ex diputado Juan Carlos Ozorio se presenta en la Fiscalía

Explicó que la investigación del Operativo A Ultranza Py data del 2019 y al día siguiente del primer allanamiento y la detención de un grupo de personas formuló una reserva de actuaciones, porque querían lograr es el objetivo que hoy tienen de manera parcial.

“Imagínense si nosotros en el segundo día de la detención y la imputación las defensas tenían acceso a toda la información que nosotros tenemos en la carpeta fiscal, no íbamos poder realizar los 41 allanamientos que realizamos hasta la fecha, no íbamos a poder llegar a este nivel de información y la detención, declaración indagatoria y posterior imputación de Ozorio”, expresó.

Embed

Mencionó que Ozorio se presentó en la tarde de este miércoles en la Fiscalía, lo cual indica su voluntad de someterse a la investigación y puede formular imputación contra el mismo.

Nota relacionada: Otro supuesto narcoaudio de Ozorio hablando en sesión de Diputados

“El Ministerio Público cuenta con elementos de convicción que surgen de la causa Ultranza y nos posibilitan atribuirle conductas que tienen que ver con el 42, 44 y 21 de la Ley de drogas, es decir asociación criminal, tráfico y lavado”, agregó.

Alcaraz dijo que las reservas de actuaciones permiten procesar a una persona con elementos válidos y “sacrificar en un periodo de tiempo” que no puedan acceder a la información.

Aseguró que la reserva de actuaciones rige hasta este jueves y que a partir del viernes todas las defensas de los imputados podrán acceder a la carpeta fiscal.

Le puede interesar: Los audios que comprometen al diputado Ozorio con el narcotráfico

Explicó que la asociación criminal necesita de diferentes perfiles y cada uno de ellos cumple un rol específico y que atribuyen al ex diputado acciones en el tráfico internacional y lavado de dinero en asociación criminal, por lo que se expone a 20 años de cárcel aproximadamente.

Abogado cuestiona a la Fiscalía

Alvaro Arias, defensor de Juan Carlos Ozorio, manifestó que según la investigación, las personas involucradas en el Operativo A Ultranza Py, utilizaron la Cooperativa San Cristóbal, en donde su cliente era presidente, para poder hacer depósitos que provienen supuestamente del narcotráfico.

Dijo que según la Fiscalía, su cliente en su condición de presidente, supuestamente había facilitado esa situación y que es cómplice de lavado de activos.

Señaló al Ministerio Público que su cliente no puede prestar declaración indagatoria porque es un medio de defensa y porque la Fiscalía no va proporcionar ni un solo elemento de evidencia en su contra porque hay una reserva de actuaciones.

Nota relacionada: Diputados aceptan renuncia de Ozorio y Guadalupe Aveiro jura en su reemplazo

“La Fiscalía sospecha que este señor (Ozorio) ha cometido hechos punibles y le dice ‘yo no te voy a mostrar nada porque hay una resolución de la jueza penal de Garantías que dispuso la reserva de actuaciones’”, expresó.

Mencionó que, si bien es cierto que existe esa resolución judicial, no es menos cierto que está vigente el Artículo 17 de la Constitución Nacional, en el cual una persona puede ser imputada y juzgada, pero tiene derechos y garantías que surgen de la propia Constitución Nacional, del Código Procesal Penal y de las leyes vigentes.

Aseguró que la Fiscalía no le puede ocultar pruebas para ejercer su derecho de defensa y que eso es inconstitucional.

“Hasta ahora el señor Ozorio no está imputado, está detenido, fue citado a indagatoria, nos enteramos ahí y no le mostraron ninguna evidencia”, agregó.

El Ministerio Público ordenó este miércoles la detención del ex diputado colorado por estar presuntamente vinculado con un esquema de narcotráfico y lavado de dinero.

Ozorio estuvo esta mañana en la Cámara de Diputados y presentó su renuncia a su banca “por el estrés que le genera esta situación”. En todo momento negó tener vínculos con el presunto narcotraficante Óscar Sanabria.

Más contenido de esta sección
La Policía Nacional detuvo este lunes a un joven de 21 años en el barrio Pelopincho de Asunción, en medio de cascotazos por parte de los vecinos que intentaron evitar el procedimiento. El mismo contaba con dos órdenes de captura.
La Fiscalía imputó a un chofer de la Unidad zonal de Presidente Franco, Alto Paraná, ante las sospechas de estar implicado en el hurto de evidencias ocurrido días pasados en dicha sede del Ministerio Público.
Tres jóvenes de Hohenau, Itapúa, decidieron arreglar una parte de los baches que posee la avenida Teniente 1º Osvaldo Tischler, ubicada en el centro de la ciudad, principal arteria del distrito.
La abogada Cecilia Pérez, quien representa a la viuda del fiscal Marcelo Pecci, Claudia Aguilera, se mostró en desacuerdo con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, con respecto a la supuesta falta de colaboración de Colombia, además de cuestionar la falta de diligencias y avances en Paraguay.
La Justicia colombiana condenó este lunes a Francisco Luis Correa por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El juez aceptó el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía por su colaboración para dar con los demás participantes, por lo que solo fue condenado a seis años y seis meses de prisión.
Se resalta que el 83% de atención médica en Foz de Yguazú (Brasil) corresponde a paraguayos, seguidos de argentinos y venezolanos. Los datos corresponden al primer trimestre de este 2024. Autoridades de la ciudad fronteriza piden más recursos.