Para el procurador Marco Aurelio González no hay duda de que las 131 hectáreas de la finca 916, padrón 14.638, de Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes, son tierras públicas y pertenecen al Estado, por lo que deben ser recuperadas. La zona habitada fue denominada como Jardines de Remansito y el propietario original es el Ministerio de Defensa.
Con esa claridad pero en medio de una muy desordenada historia de documentación de esta finca, acudió para entregar notificaciones a una parte de los pobladores, específicamente a los asentados hacia el río Paraguay, acompañado de una comitiva formada por el ministro de Defensa, Óscar González, y el juez José Miguel Villalba.
Los notificados deberán presentar los documentos que avalen que están de forma legal ocupando las tierras, que se ubican después del Puente Remanso. Posteriormente, se estudiará caso por caso para decidir qué procedimiento realizar.
“Estamos seguros de que no tienen legitimación, pero nos gustaría que ellos muestren cuál es su situación, de hecho el juez les va a obligar. Voy a presentar una medida cautelar de no innovar, que sería dictadas próximamente. La única información que tenemos sobre ocupantes es el listado de personas que aparecen en el proyecto de ley”, explicó el procurador.
El problema comenzó luego de que el senador Basilio Núñez presentara un proyecto de ley para desafectar la finca a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, para beneficiar a sus ocupantes, que luego se supo que eran personas de gran caudal económico, pero igualmente ocuparon tierras públicas. Muchos de ellos hace más de 20 años. El presidente Santiago Peña anunció que vetaría la ley, que tuvo sanción ficta.
Demolición. El juez Villalba mencionó que luego de presentarse las documentaciones, deberá hacerse la demanda, y dentro de un proceso judicial se podrá decidir si se demuelen las casas. “Deben demostrar en qué carácter ocupan la propiedad. Venimos a dejar constancia de quiénes ocupan. Es el objetivo de esta diligencia”, expresó el juez.
Sin embargo, las personas de altos recursos que construyeron mansiones en la zona son menos de 20. La mayoría de las familias que se encuentran habitando el lugar son trabajadores con casas precarias, que recurrieron al Indert (antes IBR), en 2002, para poder tener una vivienda, y temer perderlo todo a causa de los dueños de residencias costosas. Aseguran que tanto empresarios como políticos tienen intereses en el lugar, por lo que señalaron que el desalojo sería injusto.
El procurador dijo que no se descarta el desalojo. Añadió que desde el Indert informaron que no hay registros de propiedad. “No tengan duda de que vamos a denunciar a las instancias que corresponden. Entendemos que existe mala fe, sin duda. Son tierras del Estado paraguayo y pertenecen a todos los paraguayos y no a intereses particulares”, afirmó.
