En las redes sociales, dos consignas marcan a unos y otros, quienes claman que lo ocurrido con Jeanine Áñez “es justicia, no es venganza” y quienes aseguran que lo ocurrido en 2019 “no fue golpe, fue fraude”, en alusión a las versiones del oficialismo y la oposición sobre la crisis social y política que derivó en la salida de Evo Morales del poder.
Uno de los lugares donde hubo más movimiento fue la ciudad oriental de Santa Cruz, la mayor del país, con vigilias ciudadanas en distintos puntos, incluidos el edificio de la Fiscalía Departamental cruceña y la vivienda del exlíder cívico y gobernador electo Luis Fernando Camacho.
Hasta el Ministerio Público llegaron algunas personas con pancartas que tildaban de “servil” a la Justicia boliviana y clamaban que “en dictadura la rebelión es un derecho”.
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En las puertas de la casa de Camacho hay vigilias desde el fin de semana ante la eventualidad de que lo detengan por ser el principal acusado en la investigación judicial iniciada a instancias de una denuncia de la ex diputada oficialista Lidia Patty por la crisis de 2019, que el partido gubernamental asegura que fue un “golpe de Estado” contra Evo Morales.
El ex líder cívico, que cobró notoriedad justamente durante 2019, dijo a los medios que el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) quiere “amedrentar” a sus detractores con estos procesos judiciales para no “asumir” su derrota en importantes plazas en las recientes elecciones subnacionales.
“La denuncia es contra Luis Fernando Camacho, pero detienen a todo el mundo menos a Luis Fernando Camacho. No lo entiendo, ¿qué están buscando?”, cuestionó el opositor.
También aseguró que “no se van a llevar a ningún perseguido” de esa región, además de garantizar respaldo a quienes llegaron desde otros departamentos buscando refugio en la sede del Comité Cívico cruceño.
En esa entidad hay unas cinco personas provenientes de Cochabamba que se dicen “perseguidas” por el Gobierno de Luis Arce.
Pronunciamientos de unos y otros
El presidente del comité cruceño, Rómulo Calvo, ratificó una convocatoria a una concentración en las próximas horas a los pies del Cristo Redentor, un monumento emblemático de Santa Cruz, donde se definirán medidas para defender una vida en “libertad y democracia”.
En otras regiones como Cochabamba, Potosí y Beni hubo manifestaciones en contra de la detención de Áñez y dos exministros, mientras que en La Paz se prevé otra, convocada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia.
El fin de semana decenas de personas llegaron en marcha hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) para exigir cárcel para Áñez y sus colaboradores.
Entre los manifestantes había familiares de los fallecidos durante la crisis de 2019 que reclamaban justicia y que permanecieron en vigilia mientras se desarrolló la audiencia cautelar de la exmandataria.
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Los sindicatos afines al MAS agrupados en el llamado “Pacto de unidad” manifestaron su respaldo al proceso contra Áñez y reclamaron la detención de Camacho y otras personas a las que señalan por el supuesto golpe contra Morales.
Los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín y el alcalde electo de La Paz y ex ministro Iván Arias están en la mira de estos sectores que se declararon en “emergencia” para defender al Gobierno de Arce, que niega una persecución política contra sus detractores.
La Justicia boliviana dictó el domingo detención preventiva para Áñez por cuatro meses en La Paz, al igual que para sus ex ministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.
Los tres están acusados de los supuestos delitos de “sedición, terrorismo y conspiración” en la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
El Ministerio de Justicia aclaró que Áñez está siendo procesada como ex senadora y no en su calidad de ex presidenta transitoria, por lo que no ameritaría un juicio especial de responsabilidades.
