Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (noreste), después de sus dos ministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, los tres denunciados por sedición, terrorismo y conspiración.
Tres fiscales firmaron la imputación para la aplicación “de medidas cautelares consistente en la detención preventiva [...] por el tiempo de seis meses” en cárceles de La Paz, dice el documento divulgado este domingo.
Áñez, abogada, política y expresentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar. La rocambolesca y sorpresiva detención se produjo en Trinidad, 600 km noreste de La Paz, donde residía.
En este operativo policial que dirigió el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, arrestaron en la misma ciudad a los dos exministros y fueron trasladados en avión a La Paz el sábado de madrugada.
El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en las recientes elecciones locales.
La imputación formal de la Fiscalía, de 17 páginas, precisa que Áñez y sus dos ministros deben ser detenidos de manera preventiva por seis meses, mientras prosigue la investigación y se buscan a otras personas implicadas en este caso.
El documento señala que estas detenciones se enmarcan en una supuesta conspiración para llevar a cabo “un presunto golpe de Estado” desde el 21 de octubre de 2019, tres días después de las elecciones presidenciales calificadas de fraudulentas en favor del expresidente izquierdista Evo Morales, que tras 14 años en el poder buscaba un cuarto mandato.
En la demanda figuran cinco exministros de Áñez, y jefes policiales y militares y civiles, sobre quienes pesan órdenes de captura.
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Pedidos de la ONU, UE e Iglesia católica
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que es importante que se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos” del caso contra los exintegrantes del gobierno boliviano, según un comunicado de su portavoz.
Asimismo, recordó los “importantes pasos tomados por todas las partes en Bolivia de cara a la consolidación de la paz” y reiteró el compromiso de Naciones Unidas para seguir apoyando esos esfuerzos.
El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, expresó a su vez en Twitter que “las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.
Con el criterio de que se respete la independencia de poderes, pidió “diálogo y reconciliación”.
La embajada de Estados Unidos en La Paz solicitó en un comunicado que se respeten “todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso”.
Mientras, la influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en un comunicado “la inmediata puesta en libertad de los detenidos”.
Y acotó que como institución no pueden “permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia, con sus limitaciones, en difíciles momentos de su historia y buscando caminos de pacificación”.
La detención de Áñez fue rechazada en bloque por los principales partidos opositores --conservadores de derecha y centro--, que niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019. Arguyen que hubo primero una reacción popular contra los resultados de las elecciones presidenciales, debido a los señalamientos de un supuesto fraude.
Las protestas derivaron en un motín policial y en un pedido de las Fuerzas Armadas para que Morales diera un paso al costado, lo que obligó al mandatario a dimitir y a salir exiliado a México, antes de trasladarse a Argentina como refugiado.
Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia.
Proceso ordinario
El ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la Fiscalía y señaló que se está actuando a derecho.
Explicó que a Áñez, a pesar de su condición de exgobernante, no le corresponde un juicio de responsabilidades o de privilegio, que tendría que ser aprobado por el Parlamento y librarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, sino un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura.
“En este momento estamos ante un juicio a una exsenadora, por lo tanto, no corresponde ningún juicio de privilegio constitucional”.
