Al comienzo, todo iba bien. Parecía que Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa) una empresa de modalidad privada, pero cuyo mayor accionista es el Estado, revivía tras años de pérdidas. Sus pérdidas históricas rondan los 50 millones de dólares. Era agosto de 2023 y asumió como nuevo presidente de la institución, José Ocampos, con un discurso cargado de optimismo, pues era una industria que “tiene todo para salir adelante, aunque fue muy maltratada por la clase política”.
Y allí empezó un mundo maravilloso. Se inauguró el Centro Histórico Aristócrata, un prometedor circuito turístico con visitas guiadas, degustaciones y un showroom. Se presentó el primer whisky paraguayo y el lanzamiento de la “Colección Mariscal”, una caña con añejo de veinte años, envasada en cajas de cuero. El nuevo presidente destacaba que, tras más de cuarenta años de aislamiento, se retomarían exportaciones a Argentina y Brasil.
A fines del año pasado, un exultante José Ocampos declaraba que el ente estaba proyectando la identidad nacional al mundo y que “los mejores años de Capasa recién están por llegar”. Lo que más resaltaba era “la recuperación anímica del funcionario de la empresa”.
La prensa oficialista elogió las significativas transformaciones en la imagen. Gracias a esa gestión exitosa los clientes mayoristas se multiplicaban y los productos volvían a las góndolas de los supermercados. Era, decía Ocampos, “una política de Estado y marca país que iba a cambiar la mentalidad del paraguayo y a reeducar culturalmente al consumidor”. ¡Menudos propósitos, los suyos!
Esta notable gesta de resucitación de una empresa que se suponía en ruinas hizo que fuera entrevistado con harta frecuencia en los medios afines a Cartes. En su informe al Congreso de julio pasado, el presidente Peña destacó el “posicionamiento de la caña” en el mercado nacional e internacional y elogió la “transformación estratégica” de Capasa. Quizás por eso el periodista Jorge Torres deslizó que su nombre sonaba para la interna colorada en la pugna por la Municipalidad de Asunción. Ocampos declaró que se sentiría honrado si lo llamaban. Esa fue, probablemente, la gota que colmó el vaso.
Y entonces, desde el interior de la misma Capasa y desde la curiosidad de la prensa emergió la verdad desnuda. Los datos financieros trituran ese relato tan alegre como mentiroso. Si en el 2023 la empresa había perdido 2.380 millones de guaraníes, en el “fructífero” 2024 el saldo rojo había trepado a más de 5.500 millones. Es decir, más del doble del año anterior. También se descubrieron sobregiros de cheques, monstruosas deudas a la Essap, a la ANDE, a seguros de edificios y un sinfín de cuentas judiciales. No se pagaban los aportes al IPS ni los descuentos judiciales por prestación de alimentos.
En pocos días, Ocampos pasó de gran gestor al gran culpable de que Capasa esté por debajo del 10% de su producción por falta de insumos y deudas a proveedores. Con discreción, hace un mes, el Gobierno lo sacó de circulación. El nuevo presidente, Manuel Chávez, admitió que la situación es de quiebra y que solo 60 funcionarios trabajaban de manera activa, con una fabricación meramente simbólica. Sostuvo que el marketing de Ocampos “revitalizó” la imagen, pero a costa de una inversión desmesurada mientras la empresa estaba en cesación de pagos. En otras palabras, Capasa era un cadáver brillantemente maquillado.
Pero hay algo peor. Hay 1.500 millones de guaraníes que están siendo rastreados porque el ex jefe de Capasa firmó una extraña adenda a un contrato de distribución de productos con cláusulas absurdamente leoninas. Los funcionarios iniciaron protestas, pues no cobran desde junio, ya no tienen cobertura de IPS y culpan a José Ocampos del descalabro.
Más allá del sinsentido de que el Estado sostenga una empresa que vende caña y genera pérdidas, hay dos urgencias: Solucionar el drama de sus funcionarios e investigar su administración reciente. Hay un cadáver que debe ser enterrado. Aunque esté maquillado, pronto olerá mal.
