09 ene. 2026

El desafío en el caso Kattya será el Senado, no la Corte, analiza Santagada

Para el abogado Ezequiel Santagada, lo más seguro es que la Corte resuelva a favor de que Kattya González vuelva a su banca. Sin embargo, se espera que el cartismo impida su retorno.

Kattya González

La Corte debe estudiar la acción de la ex senadora Kattya González contra su pérdida de investidura.

Foto: Raúl Ramírez.

Más que para la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad contra la pérdida de investidura de Kattya González es un desafío para la Cámara de Senadores, donde el cartismo ya anunció que en caso de una resolución a favor de la ex parlamentaria, la postura será el desacato a la orden judicial, es lo que sostiene el abogado Ezequiel Santagada, quien indica que no hay duda de que habrá gran presión.

Los senadores de Honor Colorado decidieron recusar a los miembros de la Sala Constitucional Víctor Ríos y Esteban Kriskovich, luego de que la Corte notificara al Congreso sobre su conformación para resolver la acción.

“El caso de Kattya será una de las resoluciones más importantes de este año para la Corte en términos políticos. Está en debate la aplicación de normas constitucionales fundamentales, no solo en cuanto al funcionamiento interno de uno de los poderes del Estado, sino en términos de debido proceso y defensa en juicio”, manifestó Santagada.

Lea más: CSJ no debe temer a efecto político en el caso Kattya, afirma Lezcano

Para el abogado, la decisión es hasta predecible. “No creo que haya mucha dificultad en cuanto a su resolución si tenemos en cuenta los precedentes; el desafío estará en el anunciado incumplimiento de quienes detentan la mayoría en el Senado, si la resolución, como se espera, es contraria a sus intereses”, subrayó.

Kattya presentó la acción contra su destitución, que fue el 14 de febrero de 2024, pero la Corte demoró en conformar la sala constitucional.

“Presiones seguro que habrá, pero es hasta natural que las haya. Es un caso de alto interés público en el que se debate el alcance del ejercicio del poder político por uno de los poderes del Estado”, resaltó Santagada.

No obstante, también este caso pondrá a prueba la fortaleza de los ministros de la Corte, ante la elevada presión política, destaca el analista.

“Si los debates son intensos y apasionados en los medios de comunicación y en redes sociales, es lógico que esa intensidad se materialice en comentarios y sugerencias a los ministros. Está en ellos actuar a la altura de las circunstancias. Es en estos casos en los que pueden demostrar ‘la madera de la que están hechos’”, recalcó.

Más contenido de esta sección
Honor Colorado reunirá a unos 2.000 dirigentes en una plenaria clave con miras a las elecciones municipales de 2026, donde primeramente el oficialismo buscará obtener la mayor cantidad de candidaturas frente a la disidencia colorada.
El Indert remitió a la Comisión de Reforma Agraria del Senado un informe solicitado ya en julio pasado con referencia a la adjudicación y titulación de tierras rurales durante el Gobierno de Santiago Peña. En el documento, se reveló que apenas unos 1.590 títulos de propiedad fueron finiquitados desde el 16 de agosto de 2023 al 25 de agosto de este año. Peña había dicho en su informe de gestión que durante su mandado ya se adjudicaron casi 10.000 títulos de propiedad.
A las 09:30, de este viernes, en la Sala Plenaria del Congreso Nacional, los comunicadores Andrés Colmán Gutiérrez y Desirée Esquivel presentarán el informe “Rompiendo el silencio”. El trabajo posee datos sobre los 22 periodistas asesinados en Paraguay durante la era democrática.
Alberto Alderete, ex titular del Indert entre el 2008 y 2010, coincidió con la oposición en torno a irregularidades en la concesión de 29 hectáreas a empresario en el distrito de Carmelo Peralta.
El senador Carlos Núñez ya se siente fuera de HC; mientras que sus colegas Erico Galeano y Alfonso Noria esperan una reunión con Cartes. Todos ellos admiten disconformidad en el bloque.
Por indicios de irregularidades, la DNCP suspendió el proceso de licitación de contratación de digitalización de documentos que fue convocada por el IPS con un costo de G. 17.000 millones.