El más llamativo y previsible fue el radical cambio de actitud del Gobierno con respecto al convenio firmado con la Unión Europea destinado a apoyar a nuestro sistema educativo. De repente, se dieron cuenta de que la derogación de la ley no era conveniente ni legal y que, además, nos expondría a un papelón internacional. El pasado lunes, el canciller, algunos ministros y los miembros de la bancada cartista del Senado anunciaron que ya no desean derogar el convenio, sino que buscarán negociar una adenda que modifique el acuerdo.
La tal adenda es la manera desprolija con la que se intentará arreglar el disparate utilizado por el cartismo para ganar votos en la interna partidaria. Azuzaron los miedos más profundos de los padres de familia y creyentes religiosos con una campaña mentirosa que sostenía que la donación de la Unión Europea estaba condicionada a intenciones ocultas de influir en la sexualidad de los niños. Los estrategas de Honor Colorado identificaron un tema sensible y se embanderaron con el lema de “Dios, patria y familia”. Lo que buscaban eran votos.
Manipularon miserablemente a inmensas columnas de ciudadanos fanatizados. Muy pocos se atrevieron, en tiempos de campaña, a sostener que todo era falso. Sabiendo que dejaban sin almuerzo escolar a miles de niños, priorizaron el rédito político. Eran conscientes de que crearon una situación ridícula, pero ya verían cómo arreglarlo.
Y ese momento llegó ahora. Algunas parlamentarias calificaron la reculada como “imponente”, “feroz” o “vergonzosa”. En cualquier caso, la hipocresía cartista fue indisimulable.
La semana también mostró ejemplos opositores. Un grupo de diputados liberales recién asumidos presentaron un proyecto para reactivar los vales de combustible gratuitos. Con admirable velocidad, pretendieron recobrar un privilegio que había sido abolido por una ley promulgada el año pasado, luego de las protestas por la grosera autoconcesión de regalías por parte de quienes reciben muy buen salario. En este infame manotazo al erario fueron acompañados por diputados de otras bancadas que, con más viveza que los novatos, no estamparon su firma en la nota. Cuando se dieron cuenta del tamaño de la indignación que despertaron, recularon, con el rabo entre las piernas, y retiraron el proyecto. Pero sirvió para ir conociendo a la calaña de algunos de nuestros nuevos representantes.
Si lo que cuenta el experto en criminología Juan Martens es cierto, también ocurrió una asustadora reculada en el manejo de las cárceles del país. Sostiene Martens que el cambio de director del penal de Tacumbú anunciado por el ministro Ángel Barchini se realizó por exigencia de “los Rotelas”. El director del mayor penal del país, Pedro Farías, habría sido reemplazado por relevar de su cargo a un jefe de seguridad afín a Armando Rotela, líder del clan delictivo que controla varias penitenciarías del país. Ante la amenaza de un motín, Farías fue despedido y fue nombrado un director más amigable. Barchini, por su parte, dice que se acabará el carnaval en las cárceles. En poco tiempo sabremos quién gobierna allí: el Estado o el crimen organizado.
En estos días de súbitos repliegues, asistimos a uno de carácter internacional. Luego de que el Gobierno paraguayo, tras la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara el levantamiento del peaje de la hidrovía, el de la Argentina no recuerda haber prometido nada. Como en el momento de escribir esta columna la noticia está en desarrollo, todavía no está claro quién miente. Ya lo ve, las reculadas se han puesto de moda. Algunas fueron dignas, otras bochornosas.
