Una de las instituciones más golpeadas fue el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que desde hace años sufre un recorte gradual y como consecuencia un estancamiento en el alcance de asistencia a los productores y productoras en situación de vulnerabilidad.
En la “defensa” de su presupuesto, el ministro Carlos Giménez advirtió sobre los efectos que tendría la reducción de más de 30% de los recursos, teniendo en cuenta que implica 8.000 familias menos dentro de los planes de asistencia de mejoramiento de ingresos y de inserción a mercados de la agricultura familiar campesina y comunidades indígenas. Tampoco se contará con el sistema de estadísticas agropecuarias nacionales que sirve para el diseño de políticas públicas en el sector agrícola.
Es decir, se profundiza así la deuda con el sector que produce alimentos, especialmente para el mercado interno, según lo demuestra el propio Censo Agropecuario, el cual revela que el MAG ya estaba prestando menos asistencia respecto al 2008, cuando se realizó el relevamiento de datos por última vez. De hecho, la asistencia técnica no alcanza ni al 20% de los 245.000 pequeños productores y no se avizora un cambio en las políticas dirigidas a este segmento de la población.
Pero la pequeña agricultura no solo se enfrenta a este crítico panorama de déficit presupuestario en el 2024, sino que ahora mismo está arrastrando una crisis por la sequía, especialmente en los departamentos del norte del país, donde las lluvias llegaron atrasadas y los daños están instalados.
Son rubros de autoconsumo, que les sirve primeramente para la comida del día y lo que sobra para vender, pero los cultivos de prácticamente se destruyeron por completo por la falta de lluvias y otros eventos climáticos que cada vez son más severos.
En las zonas urbanas también sentimos los efectos, cuando suben los precios del tomate, de la mandioca, de la harina de maíz o del poroto, entre otros. Esto ocurre porque no hay una mirada integral del Estado hacia el campo y mucho menos hacia la seguridad alimentaria, ocasionando además una mayor brecha respecto a los productores de commodities, que ante una sequía encuentran por ejemplo flexibilidades tributarias.
Hoy mismo el MAG no tiene manera de asistir a la agricultura familiar que quedó a la deriva, sin alimentos, por el simple hecho de que ya no cuenta con recursos para este año y mendiga a las binacionales para conseguir unos USD 1,5 millones para la recuperación de la producción en las zonas más golpeadas.
Todo esto es solo el contexto en el que los congresistas pidieron para sí aumentos salariales, mediante un proyecto enviado irónicamente por el propio Peña, quien también de paso se llevaría un reajuste, según él, por el ínfimo monto de poco más de USD 1 millón, casi la misma cantidad que la agricultura familiar necesita de forma urgente, solo para subsistir esta temporada.
Las familias campesinas pasan hambre, mientras que las autoridades se concentran en elevar su riqueza bajo la excusa de que los aumentos los hará menos corruptibles.
La propia Federación Nacional Campesina se refirió a la contradicción entre el discurso y las acciones de Santiago Peña ante una realidad social que no da espacios a aumentazos para quienes ya perciben más de 10 salarios mínimos.
Independientemente de la decisión final, el hecho de que se haya planteado la propuesta con seriedad muestra el camino que se traza el Gobierno cartista para los próximos cinco años: Austeridad para los pobres y aumentos para los ricos.
