Las elecciones internas simultáneas de los partidos políticos para definir candidaturas con vistas a las municipales del mes de octubre han dejado un saldo de situaciones que todavía son investigadas por la Fiscalía. Compra de votos, retención de cédulas y otras son la forma de hacer política, de un modelo clientelista que cada vez afecta más al sistema democrático.
El clientelismo es definido como una práctica política de obtención y mantenimiento del poder asegurándose fidelidades a cambio de favores y servicios. Y es, tristemente, una práctica todavía muy vigente en nuestro ambiente político.
Algunas de sus expresiones se habrían repetido en las elecciones internas simultáneas de los partidos políticos en las que precisamente se han definido las candidaturas que van a competir en las elecciones municipales del mes de octubre.
La analista y politóloga Milda Rivarola describía hace casi veinte años esta lamentablemente vigente práctica señalando que es un fenómeno que coincide con el fin de las dictaduras y con la transición a la democracia en América Latina y por algunas razones históricas Paraguay es un caso ejemplar. Esto es por no cualquier Estado puede establecer relaciones clientelistas con la sociedad, y se señala que es en el Estado patrimonial donde florece el clientelismo.
En un estado patrimonial el soberano, el poder, el Presidente o el Ejecutivo organiza en forma análoga a su poder doméstico, el poder político, y se borran los límites entre esferas privadas y esfera oficial o pública y así la misma administración del Gobierno se considera como una cuestión personal para el líder.
De ahí que en cada elección todavía se sigan repitiendo, casi como un ritual, la compra de votos o la retención de cédulas, delitos electorales que actualmente son investigados por el Ministerio Público. En las recientes internas de los partidos se recibieron decenas de denuncias registradas en distintos puntos del país por presuntos hechos vinculados a delitos electorales. En un local de votación se utilizaban las sillas de ruedas para hacer pasar a personas como discapacitadas e inducirles supuestamente el voto; en Fernando de la Mora, el fiscal abrió investigación a raíz de una denuncia sobre un hecho punible de soborno al elector en las inmediaciones del local de votación y en Arroyos y Esteros, Cordillera, una fiscala ordenó la detención de una mujer quien tenía siete cédulas pertenecientes a distintas personas.
Desde sectores de la oposición y oenegés hubo la intención de poner frenos, como el control del financiamiento de la campañas.
Señala el politólogo Guzmán Ibarra que se trata del propio sistema electoral paraguayo que genera incentivos cuando deja en manos de los candidatos y de los partidos políticos, el traslado de los electores a los lugares de votación. “Y sabemos que la logística está fuertemente conectada con lo clientelar. Además, todo esto se vio fortalecido por la inclusión del voto preferente, que hace que cada candidato deba sostener una campaña en paralelo”.
Para Marcelo Lachi, si la carrera política en Paraguay depende en gran medida de la construcción de redes clientelares hacia las cuales hay que proveer recursos para satisfacer las necesidades de los electores que las integran, el problema central radica en cómo financiar estas prácticas y ahí la corrupción se convierte en un elemento clave de financiación.
Finalmente se reconoce en este escenario un nuevo actor y es el crimen organizado, particularmente el narcotráfico que dispone de enormes cantidades de dinero y necesita protección e impunidad, por eso se convierte en el socio perfecto de la política.
Entonces, en un modelo clientelista como el que tenemos en el Paraguay, la compra del voto es ciertamente un delito electoral y al mismo tiempo es la expresión del clientelismo que no se puede erradicar, sobre todo, porque en nuestro país se ha enraizado la lógica de un Estado que entrega como favores lo que son derechos. Una genuina expresión del clientelismo son precisamente las coordinadoras de funcionarios colorados en las oficinas públicas, que organizan actos y mítines partidarios y movilización, y se considera este como el voto duro.
No olvidemos que antes de la Elecciones Generales de 2023, el propio Santiago Peña lo había formulado casi como un sincericidio: “Hay correligionarios que creen que los cargos que tienen son porque son guapitos, porque tienen la pared llena de títulos, pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado”.
Como había revelado una investigación de ÚH respecto a que las entidades binacionales funcionan como agencias de empleo donde algunos cargos políticos del Partido Colorado, como sus apoderados, reciben millonarios salarios.
Esto a su vez nos conduce a otro tipo de clientelismo, el clientelismo social que es aquel que utiliza los fondos de gastos sociales para mantener satisfecha a la clientela, al menos hasta la siguiente elección. Se trata de los diversos programas sociales en salud, educación o vivienda.
El clientelismo es un modelo profundamente antidemocrático y que lesiona el estado de derecho. Lamentablemente, se fundamenta para poder subsistir en la ausencia de una ciudadanía activa que es capaz de organizarse para demandar derechos y no migajas producto del clientelismo.
Revertir estas concepciones erradas no será fácil, pero no se puede seguir aceptando que la administración pública es un botín político, y donde se comprueba que las lealtades partidarias y el color del pañuelo están por encima de la preparación.
