De esta manera, la facción delictiva, liderada por Armando Javier Rotela, busca nuevamente dominar el control del penal, donde actualmente está recluido, con muestras de vulnerabilidad en su sistema de seguridad. Rotela usaba como fuerte el penal de Tacumbú.
Por el caso ya fueron sumariados y separados del cargo siete funcionarios penitenciarios, que supuestamente fueron cómplices en el hecho.
Según lo trascendido, el pasado lunes 19 de agosto, los miembros del Clan Rotela habrían burlado el sistema de control y monitoreo por cámaras de seguridad para ingresar teléfonos celulares y otros productos a las celdas.
Esta situación motivó a las autoridades del Ministerio de Justicia el traslado de 22 personas privadas de libertad que pertenecen al Clan Rotela y del Primer Comando Capital (PCC). Sin embargo, desde dicha cartera de Estado hasta el momento se mantienen en silencio presumiblemente para no dar una mala imagen y reconocer que el grupo criminal sigue teniendo poder en las cárceles.
Respecto al traslado de los internos, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, había dicho en ese momento que el objetivo era desarticular a los grupos criminales que siguen delinquiendo tras las rejas, pero no hizo mención a los incidentes.
TRASLADO DE TÍO RICO. Incluso, de acuerdo con la información filtrada, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, debía ser trasladado desde la cárcel de Viñas Cué hasta Emboscada, pero a raíz del altercado, finalmente fue derivado a la prisión de Minga Guazú, en el área de máxima seguridad, donde ahora suman 24 presos peligrosos.
Respecto a Tío Rico, el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, reveló ayer que los internos asignados a este pabellón deben ceñirse a estrictas reglas, como el uso de uniformes que serán de color rojo y permanencia por 22 horas en la celda individual, además, cuentan con una cama con colchón, sábanas y frazadas; un sitio para guardar libros, sin tomacorriente y un baño con ducha, inodoro y lavatorio.
TORTURAS. Benítez también confirmó que se activó el protocolo de seguridad en el Centro de Reinserción Social (Cereso), de Itapúa, tras recibir la denuncia de supuestos hechos de tortura a internos, como mutilaciones de los dedos, cortes y otros.
“Recibimos la noticia de que dos reos fueron trasladados hasta el Hospital Regional (de Encarnación) con algunas heridas cortantes y contusas”, confirmó el viceministro de Política Criminal.
Según denuncias, los casos de tortura habrían sido llevados a cabo por internos que fueron puestos al pabellón B Alta, como capangas, para encargarse de cobrar un precio de alquiler a sus compañeros por el uso de las celdas.
De acuerdo con las versiones, los reclusos que se negaban a pagar el monto eran sometidos a tortura. Serían cinco los afectados.
Tampoco se descarta que el grupo de internos tengan el monopolio de venta de drogas en el interior de la penitenciaría.
