12 abr. 2026

El caos interminable de una capital en estado de abandono

Dentro de once años Asunción va a cumplir 500 años. Es hora, quizá, de preguntarnos si la década que falta para esa gran celebración va a ser tiempo suficiente para revertir el estado catastrófico al que han condenado las autoridades municipales a nuestra capital. Obras paradas sin terminar y algunas sin financiación, graves problemas estructurales al haber modificado interesada e irresponsablemente el plan regulador y un caos en el tráfico cotidiano con calles y avenidas saturadas, configuran la actual realidad.

Asunción, alguna vez hace mucho tiempo fue el centro; conocida como Madre de Ciudades porque desde aquí partieron varias expediciones para fundar ciudades. De aquel tiempo nada queda, como tampoco de su rico patrimonio histórico y arquitectónico, que hoy prácticamente está destruido por el abandono en la zona del microcentro.

El resto de la ciudad no está mejor. Muestra veredas rotas y sucias, caos en el tránsito, ausencia de espacios verdes para el esparcimiento ciudadano, lo que es un insulto frente a la sobrepoblación de estaciones de servicio, sin mencionar obviamente la gravísima situación financiera.

Desde hace tiempo, se habla y se ven algunos avances en ciertos proyectos de revalorización o un lavado de cara, tales como el Centro Cultural del Puerto de Asunción que debería estar dirigido a dinamizar la vida cultural y conectar a Asunción con el río Paraguay y el otro proyecto de la Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE), el cableado subterráneo. Así también, incluía la intervención de sitios fundamentales del microcentro, la Catedral de Asunción, el edificio de La Recova, la Casa de la Independencia y otros, que están en marcha.

No se puede planificar, sin embargo, sin pensar en la gente.

Si como dicen, pretenden dinamizar la vida cultural de la ciudad, es inaceptable que criminalicen a un centro cultural como La Chispa, pues como bien había declarado la ministra de Cultura, Adriana Ortiz en el juicio, “La Chispa es un modelo exitoso de construcción ciudadana que impulsa la economía cultural, visibiliza a artistas emergentes y dinamiza el centro histórico”. Todo esto, mientras la ciudad se ve invadida por estaciones de servicio y se deja morir al centro histórico y sus antiguas casonas.

Un artículo recientemente publicado por este diario expone otro aspecto de la orfandad a la que han condenado a Asunción y su población las administraciones municipales coloradas.

Es el caso del barrio Pinozá, donde la Plaza 1811 se encuentra deteriorada, sucia y abandonada por la Comuna al igual que tantos otros espacios públicos. Según manifiestan los vecinos de la Comisión Pinozá Norte, cuando anochece la plaza se ve ocupada por adictos que ya convirtieron el lugar en una especie de aguantadero y debido a que el entorno carece de iluminación, los vecinos se ocuparon en reiteradas ocasiones de reunir fondos y recurrir a la instalación de focos de menor potencia, pues otros más potentes eran robados constantemente.

“Esta es una zona de gente humilde y llevábamos con mucho esfuerzo toda la atención a la plaza porque la Municipalidad casi nada nos ayudaba, pero llega un momento en que la gente ya no puede colaborar, y unas cuantas familias no pueden con todo”, aseguró la presidenta de la Comisión Vecinal.

Esta plaza fue un gran orgullo para los vecinos por una intervención desarrollada en 2024 por muralistas argentinas, con el apoyo del Fondec. Pero tristemente hoy los mosaicos y murales están casi tapados por grafitis. Incluso el cartel con el nombre de la plaza, que fuera costeado por la Comisión Vecinal está prácticamente tapado.

Nuestra capital merece una administración que sea capaz de ubicar a la gente, sus derechos y necesidades en primer lugar. Y los ciudadanos merecen más parques y zonas verdes, menos estaciones de servicio; con espacios comunitarios limpios, seguros y gratuitos donde las personas se encuentren y se conecten con la ciudad, con el paisaje y con su historia.

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El ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, conocido como un “chicanero serial”, acumulaba varios procesos por corrupción y siempre pudo evadir la prisión presentando argucias jurídicas. Condenado a ocho años de cárcel por la sobrefacturación de la construcción de aulas en 15 instituciones educativas, causando un perjuicio de G. 860 millones, en 2016, tenía orden de captura y tras varios meses prófugo, se entregó por fin a la Policía Nacional para cumplir su condena. Es una muy pequeña victoria contra la impunidad.