En una semana cargada de dudas se agradece la actitud generosa del senador Hernán Rivas, quien se expuso a preguntas tan engorrosas, como cuál fue su profesor favorito en la facultad, un compañero de aula o alguna materia que lo haya impresionado. A todo (no) respondió pidiendo tiempo (un par de semanas), ya que está trabajando en las respuestas con el equipo encargado del asunto. Confirmó así tácitamente que no es abogado y que hay casting en la ANR para encontrarle profesores y compañeros. De paso, nos permitió descubrir que un escándalo como el suyo no afecta para nada su amistad con el presidente de la República lo que dice mucho de él (del presidente).
Son tres certezas al hilo: Que el hombre que juzgó y seleccionó jueces y fiscales en representación de los diputados y luego de los senadores jamás cursó la carrera de Derecho; que ahora mismo hay un equipo “produciendo” la documentación para convertirlo mágicamente en abogado; y que casos como el suyo no son lo suficientemente graves como para que le generen alguna incomodidad moral a su correligionario y amigo, Santiago Peña.
Tres dolorosas certezas en una semana en la que el gobierno falló torpemente a la hora de despejar dudas sobre cuestiones en las que en realidad sí tenía –y tiene– excelentes argumentos a su favor. El engorre político mayor fue el tratamiento de la ley que crea la Superintendencia de Pensiones. Habiendo sobradas razones para crear esa figura y teniendo mayoría en ambas cámaras del Congreso, el cartismo duro y bruto forzó un tratamiento exprés para liquidar en 48 horas su aprobación, con manifestaciones y represión en las calles y la anulación de cualquier posibilidad de debate en el Congreso.
Si el oficialismo tuviera cuando menos uno o dos legisladores capaces de argumentar racionalmente sus posiciones y gozaran de un mínimo de credibilidad podrían haber explicado por qué la urgencia de contar con esa Superintendencia de Pensiones y tomarse todo el tiempo que fuera necesario para hacerlo. Podrían haber explicado que en los últimos 15 años los contribuyentes hemos pagado con nuestros impuestos más de 2.300 millones de dólares para tapar los agujeros de la caja fiscal, de los ferroviarios, la bancaria y hasta para crear la de los parlamentarios. Podrían haber referido que, merced al secretismo de las binacionales, nunca supimos que las autoridades de Itaipú aprobaron cubrir potenciales déficits de la Caja de Jubilados de la entidad, estimados en más de ¡mil millones de dólares!
Había buenísimos argumentos. Pero el espíritu patotero de los principales referentes del cartismo y de sus opositores rentados solo consiguió que buena parte de la opinión pública se quedara con la sospecha de que armaron todo este jaleo exclusivamente para echar mano de los recursos del IPS.
La confianza no se gana a los golpes ni con declaraciones ambiguas con respecto a escándalos como los de Rivas. Menos con acciones que van a contramano con el discurso. Un botón de muestra. Mientras el ministro de Economía recorría los medios reclamando austeridad al Congreso, su presidente anunciaba que pedirá alrededor del millón de dólares más para ampliar la sede legislativa porque ya no caben todos ahora que se sumaron los funcionarios que ingresaron con los nuevos electos.
Quien debería convencerlo de lo contrario es el vicepresidente, Pedro Alliana, nexo del Ejecutivo con el Congreso. Pero resulta que su hija, quien había ingresado al Ministerio de Justicia sin ningún concurso en 2018, acaba de ser comisionada como asesora del Congreso, con un salario de 18 millones de guaraníes. Según su escaso currículo es bachiller, pero está estudiando en la universidad privada donde se recibió su padre, la misma que acordó abrir una sucursal en la ANR.
Esta joven es seguramente una de las que necesita más espacio. Dudo, pues que Pedro le pida a Beto que desista. O sea, tengo más dudas. Repito, pues, en una semana de tantas incertidumbres mi única certeza me hermana con Rivas. Ninguno de los dos es abogado.
