Los cuestionamientos realizados pueden ser aplicados al resto de las obras públicas y el Gobierno debería responder por cada una de las obras que el sector público planifica. En este caso resulta que estamos hablando de solo dos millones de dólares; sin embargo, en la agenda pública hay megaobras cuyos montos superan entre 10 y 200 veces este monto. Solo basta ver las que se plantean bajo las modalidades de llave en mano y de alianzas público-privadas.
Las autoridades fiscales y las que implementan las obras deben contar, transparentar y rendir cuenta con toda la información que justifique el buen uso de los recursos públicos. La eficiencia debe ser demostrada en cada una de las obras que se plantean desde el inicio hasta el final. Los sobrecostos, el abuso de poder y el tráfico de influencia para ganar o reajustar contratos deben ser erradicados del proceso de contrataciones.
Nada de esto será posible si no se garantiza el cumplimiento de la ley del servicio civil de manera que ningún funcionario sea obligado a firmar expedientes o a aceptar condiciones que no son apropiadas. El proceso observado en la pasarela representa un caso que ejemplifica todo lo que no debería ser en un proceso de inversión pública. Una obra que según los expertos costó más de lo que debería, que no tiene el diseño pertinente para cumplir con su objetivo y que dadas las necesidades de infraestructura urbana en Asunción y el Departamento Central no era prioritaria.
Solo basta analizar las consecuencias de los días de lluvia y la disponibilidad de agua para entender que las redes de saneamiento y agua potable son infinitamente más útiles que la pasarela en cuestión y que ese mismo monto tendrá un impacto mucho mayor en la vida de las personas si se hubiera utilizado en dichas redes.
La situación se hace más compleja cuando las obras son financiadas con deuda pública. A ese costo hay que agregarle no solo el pago de los intereses, sino también los costos de oportunidad en el futuro, ya que probablemente cuando la deuda se pague requerirá importantes sacrificios para las generaciones futuras.
La responsabilidad que tienen las autoridades al invertir en obras públicas no debe ser menospreciada. El problema no se limita al inadecuado gasto en un año o en una obra en particular. El ejercicio que debemos hacer es en qué dejamos de gastar cuando decidimos usar esos recursos en una obra determinada y cuánto terminaremos pagando cuando la deuda comprometida sea finalmente saldada por el país.
Autoridades y funcionarios del Ministerio de Hacienda y de las instituciones contratantes son responsables de estas acciones y deben rendir cuenta de sus actos. Si el marco legal tiene problemas para garantizar eficiencia y pertinencia deben plantear las reformas necesarias al sistema de contrataciones públicas, para erradicar de una vez por todas la ineficiencia y la corrupción en el uso de los fondos públicos.
