Según un informe de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, organismo que controla la gestión pública local, en 2018 cada edil percibía un total de G. 16.299.299, en el 2019 se elevó a G. 21.500.000, cifra que se replicó en los años 2020, 2021 y 2022. Ya en el 2023 elevaron a G. 24.800.00 y este año a G. 27.500.000.
Haciendo un comparativo, este 2024 los ediles perciben un ingreso mensual global de G. 27.500.000, distribuido en G. 15.000.000 (dieta), G. 8.000.000 (bonificaciones) y G. 4.500.000 (gasto de representación). Mientras en 2018 percibían G. 6.799.299 (dieta), G. 5.000.000 (bonificaciones) y G. 4.500.000 (gastos de representación), lo que suma un total de G. 16.299.299.
Este salto superior a G. 11.000.000 por concejal al mes se traduce en una pesada carga para los contribuyentes, quienes observan con frustración la desconexión entre estos ingresos y el desempeño legislativo.
Mientras los concejales aumentan sus ingresos a cifras millonarias, la producción legislativa y sus decisiones no tienen mayor impacto. Las mayorías de las iniciativas en marcha, proyectos de inversión y obras en ejecución en la ciudad partieron del Ejecutivo Municipal, a cargo de Miguel Prieto, y su equipo económico y de asesores. La legislatura, salvo casos muy puntuales, solo se limitó a prestar su mayoría (que provienen del movimiento Yo Creo liderado por Prieto) para aprobar los proyectos según estable la legislación municipal.
La Contraloría Ciudadana detalla un preocupante declive en la producción de ordenanzas municipales. En el 2021 se sumó 51 ordenanzas sancionadas, en el 2022: 38 ordenanzas, 2023: 33 ordenanzas y en este 2024: apenas 12 ordenanzas.
El organismo de control aclara que más de la mitad de estas normativas no corresponden a iniciativas de los concejales, sino a ampliaciones y reprogramaciones presupuestarias enviadas por el Ejecutivo Municipal. La falta de debate y análisis en las sesiones ordinarias evidencia una alarmante ineficiencia en el uso del poder legislativo local.
Según el informe, muchos ediles solo se limitan a firmar las minutas y dictámenes tratados en las sesiones, dejando los contenidos a manos de los asesores y funcionarios.
Desde 2021, la Junta gastó G. 13.063.200.000 en dietas para sancionar únicamente 134 ordenanzas. Este dato resalta la disparidad entre el gasto y los resultados obtenidos; lo que da cuenta de que ese colegiado se volvió una carga económica más antes que en instrumento para el desarrollo de la ciudad. WF
