Grau dijo que hay contribuyentes a los que se les estaría obligando a pagar inclusive hasta G. 50 millones solo por las referidas gestiones.
“Esto es una barrabasada, esto es grosero, entonces ¿qué hace la gente?, sale disparando, huye de la Municipalidad. (...) Viene a pagar y se le dice no, tu cuenta está bloqueada, andá a pagarle al abogado primero y después vení acá a traer tu plata”, expresó el edil.
Añadió que esta situación debe investigarse, puesto que empuja a la gente a “salir disparada” y evita que “quieran pagar sus tributos”.
“Aparte de que la ciudadanía no siente que la institución le da servicios en contrapartida al dinero que paga, esto viene a agravar más, es tirarle combustible y fósforo encima a la gente, le quema viva ahí”, dijo Grau.
Sugirió que los abogados encargados de las gestiones formarían parte de una cofradía seleccionada por la Municipalidad, que siempre estarían en las mismas.
”El doble” del salario para los abogados. El edil aseguró, por otro lado, que “se están destinando recursos de la ciudadanía” para pagar a abogados que, pese a recibir un salario, solicitan la regulación de sus honorarios.
Grau cuestionó el hecho de que la ciudadanía tenga que pagar por los salarios de los funcionarios municipales y que estos, entretanto, tengan la posibilidad de regular sus honorarios y ganar “el doble”.
“Un abogado en el sector privado tiene que hacerse su salario, vivir de asesorías, o ir a litigar al juzgado, a riesgo de perder o no. Acá sí que tienen asegurado un salario, y encima después regulan los honorarios. Eso es deshonesto, (...) eso no es ético”, criticó el concejal.
Ante toda esta situación, solicitó un informe de cuántos funcionarios trabajan para la Asesoría Jurídica de la Municipalidad, cuántos cobran además por los cuestionados honorarios y cuánto cuestan a la ciudadanía.
Grau subrayó que el dinero destinado a estos abogados se podría utilizar mejor para el pago de obras inconclusas, como la de la Plaza Naciones Unidas del barrio Mburicaó.
A este pedido se le añadió otro del concejal Javier Pintos, quien reiteró la solicitud de información de la situación jurídica en la que se encuentran los astilleros y las industrias asociadas a esta actividad.
