Los investigadores confirmaron que dos vecinos del local del Juzgado de Hernandarias habían proveído de cervezas al guardia, Wilson Scappini Villalba, en la tarde del sábado, y que este se encontraba en compañía de dos mujeres, que ya fueron aprehendidas, pero su identidad aun no fue revelada por las autoridades.
El sospechoso de haber asesinado a la jueza Diana Eveline Mereles pudo haber estado bajo efectos de drogas, según los indicios recabados por los investigadores, en la madrugada de este domingo. Al menos confirmaron que había ordenado la compra de cervezas y cigarrillos y que además sería usuario de estupefacientes.
La fiscala Natalia Montanía allanó la vivienda de Víctor Álvarez Galeano, padre de Sirilo Álvarez Zaldívar y Marlon Moisés Álvarez Zaldívar, quienes fueron los que le habían comprado cervezas y cigarrillos a Scappini Villalba. Este les había dicho que no podía abandonar su guardia para el efecto.
Los investigadores pudieron identificar a los dos jóvenes por la filmación de circuito cerrado del local del Poder Judicial. En la vivienda de los hermanos Álvarez Zaldívar, los investigadores encontraron la ropa que utilizaba uno de ellos y envoltorios de supuestas sustancias estupefacientes.
Otras dos mujeres también habrían estado en el lugar del crimen, registrado en la tarde del sábado, en el pasillo de la planta baja del Juzgado de Hernandarias.
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La víctima falleció por traumatismo de cráneo, luego de ser golpeada con una piedra en la cabeza, que le produjo pérdida de masa encefálica. Además, los investigadores encontraron el cadáver con el cuello envuelto con un pedazo de cable.
La médica forense Ramona García señaló que el crimen habría ocurrido unas 4 horas antes de la inspección médica, realizada alrededor de las 20.00. La comitiva fiscal policial confirmó que la misma abandonó su oficina a las 15.07. La magistrada habría forcejeado con el autor del crimen antes de recibir la herida fulminante en el cráneo.
El cadáver fue hallado por Pedro Antonio Scappini, padre del sospechoso y jefe de seguridad del recinto, junto con Justo Ángel Rotela, funcionario de la empresa Sevipar, quien tenía que tomar el turno a las 18.00, pero encontró cerrado el acceso y recurrió al jefe de seguridad para la verificación.
La fiscala dispuso que la camioneta de la marca Kia de la víctima sea lacrada, al igual que dos oficinas de la Defensoría Pública, que encontraron abiertas y totalmente desordenadas.
