En ningún otro campo esto resulta tan evidente como en la economía. De acuerdo con nuestras leyes laborales, todo trabajador paraguayo tiene derecho a percibir no menos del salario mínimo legal vigente, seguro social y vacaciones pagas. La realidad es que más de la mitad de las personas que trabajan tienen un ingreso menor al salario mínimo, carece de seguro médico y jamás podrá jubilarse.
Esa realidad es la consecuencia lógica de otras situaciones que se mantienen inalterables. Por ejemplo, el trabajador promedio tiene una pobrísima formación (menos de 12 años de estudio) y trabaja por cuenta propia, o es empleado de una microempresa, que tienen no más de cinco funcionarios (una despensa o un taller mecánico) y cuyo empleador tiene ingresos apenas por encima del de sus empleados, y depende de las ventas diarias para poder cubrir los salarios y sus costos operativos. Cruda y dura realidad.
En estas condiciones, el marco legal se convierte en un ideal. Está allí para marcar adónde debemos llegar en algún momento. Su cumplimiento depende no tanto de que existan instituciones capaces de observar que ocurra, sino de que haya políticas públicas que alteren las otras condiciones que abonan la informalidad; la pésima educación pública, la carencia de financiamiento para las microempresas y el pobre desarrollo del mercado interno.
La ley no crea dinero. Si mañana promulgamos una nueva legislación que establezca que el salario debe ser de no menos de seis millones de guaraníes, sencillamente el grueso de los trabajadores que hoy están en la formalidad pasarán al mercado negro, porque sus empleadores no podrán pagarles ese nuevo mínimo legal. La línea es delicada. La ley debe trazar un norte razonable que permita ir formalizando la economía. Si la vara resulta exageradamente alta, el resultado será totalmente opuesto.
Esto ocurre hoy con el servicio doméstico. La realidad de las domésticas está dada por la condición de bajos ingresos de sus empleadores, y de pobreza de ellas mismas. Son más de 240.000 personas que se dedican al trabajo del hogar, y solo 15.000 están inscriptas en la seguridad social. Su ingreso promedio está en poco más del millón de guaraníes.
La realidad de las domésticas es la informalidad. En casi la totalidad de los casos, hay un acuerdo verbal entre el empleador y la empleada que incluye el trabajo diario, las comidas, en algunos casos techo, y un promedio de salario de entre 800.000 y el millón y medio de guaraníes.
La mayoría de los empleadores suman dos o tres salarios mínimos en la casa. Muchas son madres solteras que trabajan y necesitan de la doméstica para que se haga cargo de sus hijos cuando ellas están fuera del hogar. La empleada doméstica suple así las carencias del Estado –la falta de guarderías públicas– y también de las empresas privadas que están obligadas a montar su propia guardería a partir de un determinado número de funcionarios, lo que casi nadie cumple.
El Congreso acaba de equiparar el salario legal de las domésticas al salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas. Esto no cambiará mágicamente la realidad de estas trabajadoras. Es más, es probable que en un primer momento se reduzca todavía más el número de domésticas que trabajan en la formalidad, con un seguro médico y el aporte para la jubilación.
La ley, sin embargo, marca el norte. El servicio doméstico no es diferente de las demás actividades laborales no especificadas, y, por lo tanto, no puede tener un tratamiento salarial distinto. Si la realidad es que la mayoría de los empleadores no pueden pagar ese salario, lo lógico es que mantengan el pago actual, pero que el servicio se reduzca al tiempo que cubre ese salario. Serán menos horas por día, o menos días en la semana. Así funciona este servicio en casi todo el mundo. Y a eso debemos apuntar. Es de estricta justicia.
