Representantes de diferentes gremios docentes del país presentaron ayer al Congreso un nuevo proyecto de ley para la reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público o la Caja Fiscal.
Se trata de una contrapropuesta al proyecto del Poder Ejecutivo y cuyos principales cambios apuntan a que el Estado aporte 14% por cada afiliado, pero que se mantenga el aporte de 16% para los educadores, según su artículo 4. Esto ya había sido solicitado por algunos dirigentes docentes días pasados, pero finalmente fue oficializado con el proyecto.
Por otro lado, con el documento, también rechazan la idea de que se imponga una edad mínima para la jubilación, pero sí plantean que los docentes, tanto de colegios como universidades, puedan retirarse a partir de los 25 años de servicio, con una tasa de sustitución del 83%; o con 28 años de servicio y una tasa de sustitución del 87%.
En el caso de las mujeres, indican que desde los 25 años de trabajo se les computará un año más de servicio por cada hijo nacido durante el ejercicio de la docencia, no debiendo exceder a tres hijos vivos el número de años computados de esa forma.
Además, incorporan una jubilación especial para quienes se encuentren “física o intelectualmente incapacitados”. Los mismos podrán acogerse al beneficio con una antigüedad de entre 10 y 24 años, aunque con una menor tasa de sustitución. “Esta condición será acreditada por la Junta Médica del Ministerio de Salud (...). Si la entidad eventualmente verifica que la condición de incapacidad ya no existe, podrá cancelar de oficio el beneficio”, aclara el artículo 8 de la propuesta.
El Poder Ejecutivo, por su lado, había planteado ampliar el aporte de los trabajadores al 19% e incluir un aporte de 3% del Estado, mientras que establece edades mínimas de entre 57 y 62 años para la jubilación de varios sectores.
El planteamiento de los educadores prevé también modificaciones en los artículos 1, del objeto de la normativa; en el 3, de las definiciones, donde proponen que “el trabajador que se encuentre en el sistema al momento de entrar en vigencia la presente ley se jubilará dentro del régimen bajo el cual ingresó” (derecho adquirido). Asimismo, plantea cambios en el 6, estableciendo la actualización anual de las prestaciones sobre el índice de inflación; y en el 7, apuntando a eliminar la devolución de los aportes como un beneficio adicional.
También propusieron la incorporación de dos artículos para establecer que el haber sea inembargable, salvo por prestación alimenticia, y que el docente tenga las mismas prestaciones que el IPS da al docente del sector privado.
Denuncian una “descapitalización”
Los 21 gremios docentes firmantes denunciaron en su texto “una descapitalización estructural histórica”, afirmando que se hizo uso indebido de los fondos de la Caja Fiscal durante periodos de conflictos civiles y movilizaciones, la Guerra del Chaco e incluso la dictadura de Alfredo Stroessner. En cuanto al Gobierno actual señalan una “falta absoluta de transparencia y de rendición de cuentas sobre los fondos administrados”.
“Hasta el año 2003 el Estado paraguayo financió beneficios asistenciales, de guerra y revoluciones, disponiendo para ello de los aportes de los funcionarios públicos. Si bien la Ley 2345/03 corrigió esta práctica hacia el futuro, el Estado mantiene una deuda histórica no cuantificada ni devuelta, habiendo quebrado y violado el principio de finalidad de los fondos”, sostienen en el proyecto, concluyendo en que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “debe transparentar y documentar” respecto a dicha deuda, que, junto con los intereses, sobrepasa los USD 10.000 millones, afirman.
Advierten con medidas si reforma se trata a las apuradas
Mientras los dirigentes gremiales acudían hasta el Congreso y entregaban el proyecto en Mesa de Entrada de la Comisión Permanente, con pancartas y banderas, un centenar de docentes sindicalizados protestaron en las inmediaciones en rechazo a la reforma de la Caja Fiscal planteada por el Ejecutivo. Advirtieron que si el proyecto se trata a “tambor batiente”, más de 68.000 educadores saldrán a defender sus derechos.
En el sitio, Aldo Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP-SN), trató de “mentiroso” al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, debido a que dijo que se trató el tema con todos los sectores, pero aseguró que esto no ocurrió con el sector.
Silvio Piris, representante de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), sostuvo que no están en contra de una reforma como tal, sino en la forma en que lo planteó el MEF. Dijo que, tras la presentación de la contrapropuesta, esperan la conformación de una mesa de trabajo.
Rafael Resquín, de la Unión Nacional de Educadores (UNE), por su parte, afirmó que el MEF es poco transparente y apuntó incluso al BCP de dar a conocer un cálculo “falaz” respecto a la inflación. “Nosotros no decimos que el Estado no tiene que hacer la reforma, pero hagamos la reforma en base a lo que realmente se tiene que hacer. Cuando el Estado dice que la caja está deficitaria, que cuente por qué. (...). Sentémonos en una mesa técnica”, reclamó Resquín.
Mario Miranda, uno de los docentes que se encontraba en la movilización, señaló a ÚH que gran parte de los docentes consideran la situación como un “atropello a los derechos” de todos los trabajadores.
“Es un atropello para nosotros, porque venimos aportando durante mucho tiempo. En mi caso, durante 15 años ya, y hay algunos compañeros que ya están aportando 25 años, y ahora ellos (autoridades) pretenden incluir una edad mínima para que podamos acceder a la jubilación, y eso es lo que no compartimos, porque hay compañeros docentes que tienen 57, 58, o hasta 60 años que van a tener que esperar más si se aprueba esta ley”, lamentó Miranda.
