Sindicatos de docentes y funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), encabezados por la Organización de Trabajadores de la Educación Auténtica (OTEP-A), reclaman al Estado una ampliación presupuestaria para la cartera educativa de alrededor de USD 130 millones para el ejercicio fiscal 2024.
Según refieren, el objetivo es que se les salde la “histórica deuda” que tiene el Estado con el sector, para pagos de reajuste salarial, escalafón docente, entre otros rubros.
Gabriel Espínola, secretario general de la organización, sostuvo a través de Monumental 1080 AM que el Gobierno les incumplió de forma progresiva desde hace años a causa de la falta de presupuesto, por lo que incluso no descartan suspender las clases en caso de no incluir ese aumento en el presupuesto del MEC.
“Existe una ley, Estatuto del Educador del año 2001, firmamos un acuerdo en el 2016, se amplió al 2017, documento que lleva la firma del actual presidente (Santiago Peña), que en ese momento era ministro de Hacienda. Esto debía cumplirse progresivamente, pero esto no se dio. Hay cerca de 34.000 docentes, el último pago es a noviembre de 2020, que no se abona por falta de presupuesto”, manifestó.
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Dijo que el discurso del nuevo gobierno les “parece muy bien”, pero que ahora lo que esperan es ver la realidad, mediante la inversión que se haga en el sector y en el presupuesto que se destine para ello.
Anunció que este martes por la tarde tanto docentes como funcionarios del MEC afectados se reunirán para evaluar la situación y definir qué medidas van a tomar en caso de no obtener respuestas a su pedido.
Además, adelantó que en el transcurso de la semana enviarán a la Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional el proyecto para la ampliación, a fin de que se le dé tratamiento, mientras que para este miércoles también tienen prevista una reunión con autoridades del MEC.
Por otra parte, el educador señaló que reactivaron el Comando de Unidad Sindical de los Trabajadores de la Educación, con miras no solamente a trabajar por la ampliación presupuesta, sino también para la defensa de la seguridad social.
“Porque no solo nos preocupa el incumplimiento del Estatuto del Educador, sino el sistema previsional, que tiene que ver con el proyecto de ley de la Superintendencia de Pensiones que aparentemente busca apropiarse de los recursos. Con esto significaría no solo la extinción del seguro social, sino su privatización y estamos totalmente en desacuerdo con ello”, acotó.
De acuerdo con lo que sostuvo días pasados el nuevo ministro del MEC, Luis Ramírez, el presupuesto educativo para el próximo año tiene un descalce de USD 460 millones. La cifra representa al 46% del presupuesto total anual de la cartera de Educación con recursos del Tesoro.
