La abogada Silvia Carolina Cáceres Riveros, del Juzgado Penal de Garantías de la Circunscripción Judicial de Cordillera, otorgó medidas sustitutivas a la prisión para el docente de 47 años, imputado por el supuesto delito de abuso sexual contra una menor de 13 años, hija de su ex pareja sentimental, en la ciudad de Caacupé.
La jueza Cáceres Riveros resolvió no hacer lugar al pedido de prisión preventiva. En su lugar se determinó el arresto domiciliario en San Lorenzo, prohibición de acercarse a la víctima o su familia y una fianza personal de G. 40 millones.
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La decisión se fundamentó en la presunción de inocencia, la falta de antecedentes penales del imputado y el arraigo familiar, argumentando que no existiría peligro de fuga ni obstrucción al proceso, informó el corresponsal de Última Hora, Edgar Medina.
La próxima audiencia está fijada para el 23 de julio, en la que dos fiadoras del imputado deberán aceptar las condiciones impuestas para la fianza.
Según reporta nuestro corresponsal, el caso ha conmovido a todos los ciudadanos porque la niña tiene solamente 13 años y el hecho tendrá un daño irreparable.
El acta de imputación presentada por la fiscala Noelia Montanía de Narvaja menciona que el hecho ocurrió el 17 de junio de 2025 y que el imputado aprovechó su rol de confianza al llevar a la afectada al colegio.
Supuestamente, el docente llevó a la niña a su domicilio en lugar de la escuela. Según los relatos de la niña, el docente había incurrido en promesas y no habría sido la primera vez, ya que la víctima denunció un episodio similar, siendo amenazada por el docente para guardar silencio, alegando que nadie le creería porque él es el sustento económico de la familia.
La resolución de la jueza Cáceres Riveros continúa generando indignación y cuestionamientos sobre el equilibrio entre las garantías procesales del imputado y la protección de las víctimas en el sistema judicial paraguayo.
El caso del docente, que sigue en etapa investigativa, ha puesto en el centro del debate la necesidad de revisar los criterios judiciales para la aplicación de medidas cautelares en delitos contra la integridad sexual de menores.
