Derlis Ramón Larrosa, un docente de San Vicente Pancholo, Departamento de San Pedro, pide que se resuelva su caso para seguir cobrando la totalidad de su sueldo, ya que el descuento mensual de G. 1.623.000 le perjudica enormemente a él y a su familia.
A finales de marzo detectó que le faltaba parte de su salario y al consultar su extracto del Banco Nacional de Fomento, encontró un embargo judicial por 10 meses hasta pagar la totalidad de una deuda más sus intereses, costos y costas. El monto supera los G. 15 millones.
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En ese momento no entendía lo que pasaba y de dónde venía la supuesta deuda, hasta que con ayuda de abogados encontró un expediente suyo en el Juzgado de Paz de San Lorenzo, donde el magistrado Hugo Agüero Ayala firmó la orden de embargo.
Entre los documentos estaban dos pagarés de G. 7 millones cada uno por “ramos generales”, que según Larrosa llevaban su firma falsificada, además de una fotocopia de cédula vendida.
Las dudas se respaldan también en los espacios en blanco que tenían estos compromisos.
Quién reclama la deuda es Luis Alberto González, a quien la familia ni siquiera conoce, pero según la búsqueda que hicieron en las redes sociales, es profesional del derecho.
Pero la irregularidad no termina allí, el expediente también tenía una notificación que le habrían entregado en febrero, pero Larrosa nunca fue avisado de esta deuda.
Alega que este documento a cargo del ujier Raúl Acuña Riquelme también tenía una firma falsificada.
Asimismo, figuraba que la notificación se realizó en General Resquín, mientras que el docente vive en San Vicente Pancholo.
Larrosa realizó la denuncia pertinente con el acompañamiento de su gremio, el Sindicato de Trabajadores y Funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias. Hasta el momento solo logró que su dinero quede retenido, sin que nadie lo toque, hasta que termine el juicio, pero igualmente continúa el descuento.
El docente pide que quede sin efecto el embargo y que pueda recuperar su salario para seguir apoyando el estudio de sus cuatro hijos.
