Con la elección que se aproxima de los cargos de contralor y subcontralor se habilita un nuevo espacio de negociación política en la que prácticamente no hay margen, ya que la ventaja indiscutible, por su mayoría en las dos cámaras del Congreso, la tiene el oficialismo.
La disputa por tener el control político de la Contraloría responde a la necesidad del poder de ocupar las instituciones encargadas de fiscalizar al Estado, que en muchos casos sirve para exponer la corrupción y en otros, para perseguir a los adversarios.
El cartismo quedará de nuevo con el control de esta institución debido a su mayoría en el Congreso a pesar de las denuncias de copamiento y de la postura de varios referentes de oposición, como el senador Eduardo Nakayama, que sostienen que el cargo de contralor debe ser ocupado por un no oficialista.
El cartismo, de esta manera, negocia con su disidencia para elegir a sus candidatos, pero también con sus aliados de otros partidos, como lo es el sector liderado por el senador liberal Dionisio Amarilla.
El oficialismo mantiene el control de varias instituciones claves con fichas ligadas a su entorno, como la Fiscalía General del Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura, la Justicia Electoral, entre otras.
Contar con la Contraloría como aliada justo en puerta de una elección municipal, que se realizará el 4 de octubre, es fundamental para el poder político y el control de los recursos del Estado en los municipios.
El nuevo contralor debe asumir en noviembre. Esta semana se realiza la última audiencia pública para escuchar a los últimos ocho candidatos de un poco más de 40 aspirantes que quedan, luego de que varias bajas por exclusión o renuncia.
El oficialismo quiere que en el cargo permanezca el actual contralor, Camilo Benítez, y el subcontralor, Augusto Paiva. Mientras que la oposición no manifestó preferencia por ninguno de los postulantes.
La dependencia de la Contraloría con el poder político es histórica y en este caso nuevamente se presenta un escenario en el que las alianzas podrían ser fundamentales para elegir al titular del cargo. Además de Camilo Benítez, otro funcionario de la institución es candidato.
Se trata de Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, quien estuvo a cargo, junto con Benítez, de auditar las declaraciones de bienes del presidente Santiago Peña.
Tras las denuncias de irregularidades, Torres defendió que el presidente no tenía ninguna falla en su informe.
Polémicas. Todo apunta que Benítez será reelegido por ser, además de afiliado colorado, un aliado del oficialismo. Varios son los cuestionamientos señalados en su contra. Uno de ellos que su candidatura es inconstitucional, ya que la normativa consigna que solo puede ser confirmado dos veces en el cargo, y esta sería la tercera.
Sin embargo, Benítez sostiene que la primera vez no fue confirmado porque ejercía como subcontralor y tuvo que asumir como contralor de forma interina tras la renuncia del titular.
El segundo cuestionamiento es que nunca hizo ninguna denuncia ante la Fiscalía de casos de corrupción y solo presentó reportes de indicios de hechos punibles.
Otra disputa. Esta semana también comienza una nueva negociación por ocupar otra institución importante, que es la Defensoría del Pueblo.
La Cámara de Senadores llamó a concurso a las personas interesadas a postularse para los cargos de defensor titular y adjunto, desde mañana hasta el 10 de agosto.
El cargo es relevante para la defensa de los derechos humanos y su protección, y es una figura aclamada cuando se habla de las víctimas de la dictadura.
El actual defensor del Pueblo es Rafael Ávila, quien recientemente emitió un comunicado de repudio a las declaraciones de José Duarte Penayo, titular de la Aneaes, sobre la dictadura de Alfredo Stroessner, ya que el funcionario afirmó que el dictador “mató menos que gobiernos liberales”, e incluso alabó sus obras.
- “Cómo se va a controlar al Ejecutivo si el contralor es amigo del presidente y del mismo signo político”. Líder Amarilla, senador liberal.
