Un litigio por la posesión de un puesto de ventas –en la zona conocida como Pasarela de la Hermandad– enfrenta a dos familias que afirman tener derechos sobre el local, clave por su ubicación estratégica frente a Clorinda, Argentina. El caso contiene denuncias cruzadas, supuestos vínculos con autoridades municipales y reclamos sobre documentos de ocupación.
Por un lado, la familia Blanco asegura ocupar la casilla desde hace cuatro años y haber mantenido al día el pago de cánones municipales. Compartieron con esta Redacción una constancia municipal de derechos de ocupación, fechada en octubre de 2024, como respaldo a su versión.
Según testimonio de Graciela Blanco, su ex pareja, Ramón Chamorro, habría intentado apropiarse del puesto tras haber sido desvinculado y denunciado por hurto de mercaderías. La denuncia fue posteriormente retirada, según afirman, al ser devuelto el material sustraído.
Los Blanco señalan que Chamorro compró supuestamente los “derechos” de ocupación a una ex permisionaria y acudió a la municipalidad con esa documentación. Inicialmente, la Comuna habría desestimado el reclamo de Chamorro, pero el proceso fue reactivado a instancias de Elena Maciel, defensora del Pueblo de la zona.
Actualmente, existe una orden de desalojo en contra de la familia Blanco, quienes manifiestan no saber a quién recurrir ante lo que consideran un caso de persecución.
“LEGÍTIMO PROPIETARIO”
En declaraciones a ÚH, Ramón Chamorro rechazó las acusaciones en su contra y negó haber trabajado como empleado de los Blanco. Afirma ser el propietario legítimo del puesto de venta y que el único documento de ocupación presentado por la familia Blanco fue obtenido, según su testimonio, gracias a vínculos políticos.
“Ese certificado se emitió de manera irregular, solo por el hecho de ser la señora Nelly Zunilda Blanco prima del padre del intendente”, expresó Chamorro, quien afirma haber comprado la casilla metálica en septiembre de 2024 por la suma de G. 15.000.000.
Añadió que la Comuna local revocó ese certificado mediante la Resolución N° 5, tras una investigación administrativa, y que cuenta con documentos que respaldan legalmente su adquisición.
El conflicto, que involucra cuestiones de posesión, documentación oficial y presuntos vínculos con autoridades municipales, permanece sin resolución definitiva. La comunidad local sigue atenta al desenlace, mientras las partes implicadas sostienen versiones encontradas y recurren tanto a instancias legales como a los medios de comunicación.
INFORMALIDAD FRONTERIZA
Este caso pone sobre el tapete la falta de reglas claras y sostenidas para la asignación y gestión de los espacios públicos en zonas comerciales informales. También deja entrever cómo las relaciones personales –sean políticas o sentimentales– pueden incidir en decisiones administrativas que pueden beneficiar o perjudicar a la población.
