El proyecto establece como órganos de ejecución al Ministerio de Salud; la Secretaría Nacional Antidrogas; y el Ministerio de Educación y Ciencias. La misma pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
La ley tendría una vigencia de tres años a partir de la promulgación de la norma. La misma tiene como objetivo tomar acciones para la prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social de los afectados.
“Las drogas no solo perjudican a las personas que las consumen. A su alrededor, muchas otras personas padecen las consecuencias; las drogas interfieren en la relación con el entorno, la familia, el trabajo y pueden llegar a comprometer seriamente el proceso de aprendizaje”, expuso el diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), presidente de la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico.
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Asimismo, recomendó aceptar las modificaciones del Senado, ya que con ello estaría mejorando sustancialmente la redacción. Por otro lado, recalcó que esta ley será muy útil, teniendo en cuenta la cantidad de personas que sucumben a las drogas.
La iniciativa contó con el respaldo de la legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), titular de la Comisión de Equidad Social y Género. La congresista refirió que las modificaciones fueron totalmente consensuadas por las instituciones pertinentes y que solo fueron de forma, salvo el párrafo, donde se introdujo terminología correcta.
