La Cámara de Diputados lleva adelante en la mañana de este miércoles su sesión ordinaria con un total de 22 puntos en el orden del día. Entre ellos, uno de los más polémicos es el proyecto de ley que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de combustibles, es decir, que sea de acceso público.
El estudio de la propuesta fue aplazado, después de que el liberal Jorge Ramón Ávalos haya planteado que vaya nuevamente a las comisiones y que se cuente con un informe técnico.
Mientras tanto, Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), pidió que para el caso sea aplicada la normativa de conflicto de intereses o puertas giratorias, promulgada por el Poder Ejecutivo a finales de abril pasado, argumentando con que varios parlamentarios son propietarios de estaciones de servicios.
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“Yo solicito que se aplique la ley de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses, habida cuenta de que varios colegas son dueños de estaciones de servicios o tienen varios parientes. Diputados ha cercenado la transparencia completa de toda la estructura de costos de todos los combustibles, concentrándose únicamente en el diésel tipo III. Solicito que los colegas que tienen el deber de abstención no participen ni en las comisiones ni en el pleno”, expresó González.
Se trata del tercer trámite constitucional que lleva el Congreso Nacional sobre dicha propuesta, ante versiones dispares en ambas cámaras.
Senado había planteado que la estructura de costos sea socializada en su totalidad, pero Diputados modificó el acápite y propuso que solo se publique lo relacionado al diésel común y que sobre esa base se fijen los precios mínimos y máximos del carburante.
No obstante, Senado se ratificó en su versión, mientras que ahora los legisladores de la Cámara Baja deben decidir si también se ratifican en su modificación o si sancionan la propuesta de los senadores.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, los diputados también deben tratar el juicio político al abogado Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura y ex integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
El pedido de su destitución fue planteado después de haber sido declarado significativamente corrupto por Estados Unidos y denunciado por mal desempeño de funciones, pero hasta el momento está siendo protegido por los diputados colorados.
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En la sesión ordinaria del miércoles pasado, los opositores dejaron sin cuórum la sesión, por lo que no pudo tratarse el juicio político a Bogarín. El objetivo de esto fue impedir que los colorados archiven el proyecto, debido a que no consiguieron los votos necesarios para tratar el juicio político.
Ya el 24 de abril pasado, poco antes de las elecciones 2023, los diputados debieron tratar el juicio al ministro del Consejo de la Magistratura, pero tampoco pudieron proceder, debido a que dejaron sin cuórum la sesión.
