La Cámara de Diputados debía analizar en la fecha los pedidos de intervención a siete municipios, pero decidió postergar su tratamiento por 60 días, cuando las elecciones internas ya se hayan realizado y queden definidos los liderazgos en las diferentes regiones.
De esta forma, nuevamente no se pudieron analizar los pedidos de intervención para Lima, Emboscada, Tomás Romero Pereira, Yby Yaú, Ñemby, Ybyrarobaná y Juan León Mallorquín.
La moción fue realizada por el diputado cartista Esteban Samaniego y cuestionada por el legislador colorado disidente Roberto González.
“Resulta que esa es la patraña para seguir postergando el tratamiento de los hechos de corrupción. Por lo menos yo me quiero desmarcar de esa estrategia y quiero dejar constancia de mi posición y mi compromiso con la transparencia y la legalidad. Mi silencio no van a tener”, manifestó el legislador de Añetete.
En Tomás Romero Pereira, la gestión del intendente Hernán Ysidro Rivas, padre del senador Hernán Rivas, es cuestionada por denuncias de supuestas obras inexistentes, contrataciones irregulares con empresas de fachada y presunto desvío de recursos. Los concejales denuncian constantemente las irregularidades.
Lea más: Padre de Rivas y otros intendentes investigados se postulan al rekutu
Por su parte, en Ñemby, la Junta Municipal aprobó en agosto de 2024 el pedido de intervención contra el intendente Tomás Olmedo, basándose en múltiples denuncias e incluso una imputación por presuntos hechos de corrupción, que incluyen lesión de confianza, estafa y uso de documentos no auténticos. El intendente busca su reelección a través de Fuerza Republicana.
En Emboscada, la solicitud de intervención fue impulsada por la Junta Municipal en junio de este año contra la administración del intendente Silvio Peña, tras detectarse presuntas irregularidades en el ejercicio 2024. Concejales denunciaron pagos realizados por obras que, según sostienen, nunca se concretaron.
Lea más: Tomás Olmedo busca rekutu con varias causas cajoneadas
En Yby Yaú, hay un pedido de intervención impulsado por la Junta Municipal, mientras que el intendente Vidal Argüello respondió denunciando a concejales por una presunta manipulación de actas. Incluso, según su versión, la Contraloría habría desestimado avanzar con la medida.
En Lima, Departamento de San Pedro, el proceso se remonta a 2023, cuando la Junta Municipal solicitó la intervención tras rechazar la rendición de cuentas del intendente Juan Manuel Ávalos, correspondiente al periodo 2021-2022. Las objeciones se centran en supuestas irregularidades en programas de alimentación escolar, con un faltante documentado de G. 514 millones.
En tanto, en Ybyrarobaná, Canindeyú, la Junta Municipal también rechazó las rendiciones del intendente César Machuca por falta de respaldo documental.
Asimismo, en Juan León Mallorquín, los concejales denuncian irregularidades en la administración de fondos públicos durante 2023 y 2024.
